Para contar con una red de telecomunicaciones “de primer nivel”, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) calcula que se requieren 80 mil 240 radiobases en todo el país y que cada una atienda como máximo a mil 400 personas para garantizar servicios móviles de alta calidad.

Las radiobases representan uno de las tres ejes rectores de las comunicaciones inalámbricas, junto con la cantidad de espectro y la tecnología de acceso, pero provocan “los más grandes incrementos en los costos y la incertidumbre más grande en los tiempos que se lleva desplegarlas”, advierte el organismo en el documento El acceso efectivo a sitios para la instalación de radiobases asociadas a los servicios de acceso inalámbrico fijo y móvil, que a partir del 11 de diciembre someterá a consulta pública con el objetivo de acelerar el despliegue de la red.

Sin una adecuada infraestructura en telecomunicaciones, la expansión, cobertura y transmisión de señales pueden resultar ineficientes o ser nulificadas y la Cofetel acusa que “el escaso despliegue” de la misma obedece “a la falta de inversión de los concesionarios, al exceso de trámites burocráticos de las autoridades administrativas o bien a la diversidad de estos trámites”.

En el documento, Cofetel plantea cinco acciones para promover la expansión de esta infraestructura o construcción de radiobases, que van desde la revisión de la normatividad y su tipificación, hasta la creación de “incentivos” para los concesionarios y la aprobación de una norma oficial mexicana que regule los límites máximos de exposición a radiaciones electromagnéticas que no causen daños a la salud de la población.

En su diagnóstico, la comisión sostiene que “el despliegue de las redes se lleva a cabo con base en planes de mercado, y no necesariamente con el objeto de brindar una mayor y adecuada cobertura social”, puesto que no se instalan radiobases “en zonas que no les son comercialmente atractivas”.

En el otro extremo, en lugares donde se han multiplicado las radiobases, la Cofetel propone que “diversos operadores puedan compartir su infraestructura” en lugar de que cada uno lleve a cabo trámites individuales para instalarlas, lo que implica más espacios físicos, derechos de paso y trámites, así como “saturación y duplicación de infraestructura en determinadas zonas”.