Con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este domingo empieza también la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género, cuyo tema central –por tercer año consecutivo– es la militarización.

En México, diversas organizaciones civiles han denunciado el aumento de las violaciones a los derechos humanos del sector femenino con la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

Para muchas, la militarización ha estado presente desde que éramos niñas. Es una estrategia del gobierno que nos ha tenido en la criminalización constante, en crisis sicológica, en la persecución. A pesar de las denuncias, las autoridades tienen nulo interés en retirar a los militares de territorios indígenas, porque quieren continuar con la imposición de una visión de lo que según ellos es la seguridad, sostuvo Martha Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.

Reportes de organizaciones civiles dan cuenta de que con la lucha antinarco emprendida por la administración que está por concluir y la militarización que la acompañó aumentaron los abusos contra las mujeres.

“Datos estadísticos muestran correlación entre la aplicación de operativos conjuntos en algunas regiones de México y el aumento de homicidios”, refiere un informe del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la organización Justicia para Nuestras Hijas, con sede en Chihuahua.

Lucha Castro, directora de dicho organismo, apuntó que con el Operativo Conjunto Chihuahua, que es una política de Estado con perspectiva eminentemente masculina y militarista, el gobierno dejó de lado a 50 por ciento de la población, al no pensar en los efectos que tendría sobre ella, los cuales han estado invisibilizados.

Cabe recordar que en las recién difundidas observaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), derivadas de la revisión de los informes periódicos presentados por el país, se exhorta al gobierno a revisar su estrategia de seguridad pública contra la delincuencia organizada, a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

También se recomienda adoptar las medidas apropiadas para que los miembros de las fuerzas armadas y los agentes del orden público que prestan servicio en las comunidades indígenas o cerca de ellas respeten las garantías fundamentales de las mujeres.

El gran desafío, coinciden las activistas, es la aplicación de las recomendaciones para que no queden en letra muerta.

Eso requiere voluntad política y presupuestos etiquetados dignos, señaló Martha Sánchez, mientras Lucha Castro apuntó que la administración entrante va a tener que responder a esto de forma clara.

Los 16 días de activismo constituyen una campaña coordinada por el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, el cual expuso que para ellas, el militarismo sigue siendo un factor clave para la violencia. Como parte de esta ideología, que crea una cultura del miedo, el militarismo promueve el uso de violencia, agresión e intervenciones castrenses para solucionar disputas y proteger intereses políticos y económicos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recordaron que según encuestas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 42.4 por ciento de las mayores de 15 años han recibido algún tipo de agresión emocional, a 24 por ciento les controlan sus ingresos económicos y 13 por ciento han sufrido algún tipo de violencia física, con daños permanentes o temporales.

Además, el estado de México se sitúa como la entidad con mayor prevalencia de violencia de pareja: emocional, económica y física a lo largo de la relación, mientras que la entidad con mayor prevalencia de violencia sexual es Colima.

De acuerdo con los sondeos, persisten estereotipos de género, pues dos de cada 10 mujeres están de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que ordene.

La CNDH, dirigida por Raúl Plascencia Villanueva, lamentó que la violencia esté tan arraigada que 30 por ciento de las mujeres agredidas piensa que los golpes o maltratos son asuntos de familia que ahí deben quedar.

Para el Inmujeres, entre los retos para abatir la violencia de género está continuar con la armonización de la legislación civil y penal en materia de violencia, trata de personas, igualdad y no discriminación; lograr una efectiva operación institucional, capacitar en derechos humanos de manera permanente al personal que atiende casos de violencia y realizar acciones de prevención.