Los grupos parlamentarios de PRI y PVEM presentaron ayer al pleno de la Cámara de Senadores la propuesta de reforma constitucional de Enrique Peña Nieto, por la cual se crea la comisión nacional anticorrupción, instancia que legisladores de PRD y PAN consideraron de alcance muy reducido.

Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, y Pablo Escudero, del PVEM, expusieron en tribuna el contenido de la iniciativa, que modifica nueve artículos constitucionales y plantea prevenir, investigar y sancionar delitos de corrupción en los que intervengan funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso particulares.

La comisión anticorrupción propuesta por Peña Nieto no tendrá facultades para imponer sanciones penales y sólo actuará en el ámbito administrativo, al aplicar multas e inhabilitación de funcionarios, como hace ahora la Secretaría de la Función Pública.

En la iniciativa se señala que la comisión contará con cinco comisionados, que serán nombrados por el Ejecutivo federal, y el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso, sólo podrá objetarlos. La propuesta es incluso de menor alcance a la que el propio Peña Nieto se refirió durante su campaña electoral.

En opinión de la senadora perredista Dolores Padierna y del panista Javier Corral Jurado, no existe intención real de atacar de forma frontal la corrupción.

Lo único que Peña quiere es quedar bien con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y asegurarle que va a fondo contra la corrupción, aunque en realidad es algo así como la renovación moral de Miguel de la Madrid: puro cuento, recalcó la perredista.

Padierna adelantó que su grupo parlamentario propondrá los cambios necesarios a esa iniciativa con la finalidad de crear un órgano que no sólo tenga dientes, sino muelas y colmillos para acabar con los verdaderos tiburones de la corrupción, porque hasta ahora sólo se combate a charales.

Una de las modificaciones necesarias, insistió, es que la comisión anticorrupción sea realmente autónoma y sus integrantes no sean impuestos por el presidente en turno.

El senador Javier Corral resaltó que hay propósitos enmascarados, no genuinos, ya que hasta ahora los hechos confirman exactamente lo contrario del discurso de Peña Nieto”.

Durante la presentación de la iniciativa para reformar los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 constitucionales, la priísta Hernández Lecona resaltó que, de acuerdo con estudios del sector privado, la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año, mientras las empresas destinan 10 por ciento de sus ingresos para el pago de sobornos.

Recalcó que la iniciativa debe ser el comienzo de una cruzada contra la corrupción.

En la iniciativa se propone que el nuevo órgano anticorrupción aplique sanciones administrativas, pueda dar vista al Congreso para el inicio de juicios políticos y cuando encuentre actos presumiblemente constitutivos de delitos, dará aviso al Ministerio Público.

Luego de la presentación de la iniciativa, el presidente del Senado la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera para su dictaminación. También la remitió a la de Gobernación y a la de Anticorrupción y Participación Ciudadana, pero sólo para opinión.

El senador Pablo Escudero, presidente de esta última, se inconformó e incluso dijo que si la Comisión Anticorrupción no dictamina la reforma en esa materia, se debe replantear si el organismo del Legislativo debe seguir existiendo.