Ante el riesgo de que la deuda pública de las entidades federativas pase en 2013 a más de 406 mil millones de pesos –el doble de 2008–, debe resolverse el déficit presupuestario de mil 311 millones de pesos (56.3 por ciento del total) y de los recursos para cubrir el servicio de los pasivos y su amortización (19.1 por ciento), mediante el consenso de una estrategia nacional, recomendó Ricardo Miranda Burgos, director general de análisis e investigación económica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Advirtió que de la deuda total de los 31 estados y el Distrito Federal (404 mil millones de pesos al segundo trimestre de este año), 13 enfrentan un débito con la mayor tasa de interés promedio, con niveles que van de 6.4 a 7.2 por ciento (Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Oaxaca, Distrito Federal, Nayarit, Tlaxcala, Baja California, Jalisco y Chiapas), mientras nueve están en condiciones críticas y cuatro en situación límite.

Racionar el gasto

Ante auditores del país, recomendó diseñar una estrategia nacional que aborde al menos tres puntos: insuficiencia de ingresos federales y locales, racionar el gasto –ya que éste se ha elevado aunque genera reducido valor público– y políticas que aumenten la calidad del gasto público en áreas sustantivas (educación, salud, seguridad social, abatimiento de la pobreza, infraestructura, impulso al empleo, desarrollo regional y seguridad pública, además de considerar situaciones de desastres naturales y crisis económicas y financieras).

Miranda consideró indispensable crear un nuevo marco legal que defina la deuda pública, así como sus posibles causas y destinos, de manera clara y armonizada a escala nacional. Advirtió que en este rubro debe mejorarse la regulación y supervisión del sistema financiero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

Esto debe significar un nuevo y mejor registro de la deuda, primero teniendo un concepto muy claro e integral que nos permita conocer la deuda total, así como incluir las obligaciones de corto plazo que adquieren los estados con proveedores, arrendadores, contratistas e incluso con la banca comercial, ya que a la fecha no han quedado registradas.

Para resolver las presiones de amortización y el costo de la deuda contratada por los gobiernos estatales y municipales, se requiere definir mejor los vencimientos y las tasas de interés, medir los riesgos y tomar medidas de sostenibilidad, dijo.

Todo ello –indicó– requiere de un federalismo renovado, con equidad y solidaridad entre la Federación, entidades y municipios, así como fortalecer la intervención del Poder Legislativo en la planeación hacendaria y la sostenibilidad de la deuda, entre otros aspectos.