a reforma laboral aterriza en un escenario de confusión e insatisfacción. Sus limitaciones derivan de la ausencia de una visión integral y de un diagnóstico sobre las necesidades del país, de la resistencia para reconocer con objetividad las prácticas y vicios del sector laboral y productivo, del rechazo al aporte de académicos, investigadores e instituciones internacionales y de la incapacidad de promover un mínimo de diálogo social. Pero quizá la mayor limitación consiste en que la reforma nació atrapada y sometida por la presión del sector más conservador del empresariado, quien con sus abogados al lado, urgió cambios en su favor, como condición para, supuestamente, crear más empleos y ser más competitivos.

Al final del camino, los líderes de las cámaras patronales se desesperan porque en el Senado se discute la agenda democrática sindical. Su desplegado en la prensa nacional, a plana entera del pasado jueves 18 de octubre, es una muestra de su prepotencia. Lo dicen claro: ¿Avanzamos o seguimos dando vueltas?, terminan su mensaje ostentándose como representantes de la sociedad y de México entero. Con su comunicado avalan la corrupción sindical porque se benefician de ella.

Estos empresarios con la suma de siglas que manipulan, saben bien que los temas de voto secreto, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito sindical, habían sido incluidos de relleno en la iniciativa presidencial y en todo caso para ser negociados a cambio de algunas flexibilidades laborales en su favor. Ahora reclaman a los panistas que se quieran salir del huacal y tomarse en serio su papel de legisladores; no era lo planeado, más aún, porque los principales perjudicados con una democratización gremial, serían los propios empresarios, que hoy se benefician de la inmovilidad de los trabajadores y del control que ejercen mediante los líderes encargados de administrar los contratos colectivos de protección patronal. No quieren, siquiera, imaginar los cambios que se darían si los trabajadores pudieran influir en la conducción de sus sindicatos y en la designación de sus liderazgos. Se les caería el teatro, por eso urgen a que esta función termine ya.

De las muchas expectativas que estos empresarios tenían sobre la reforma laboral, han logrado al menos que se apruebe en la Cámara de Diputados reducir a un año el pago de los salarios caídos, lo que les permitirá despedir injustificadamente con mayor facilidad o al menos lograr convenios indemnizatorios de cuantía reducida. Se apoyaron en la creciente lentitud de las juntas de Conciliación y Arbitraje para obtener de este vicio ventajas en su favor. Sin embargo, no han pasado sus propuestas de limitar el derecho de huelga y de blindar los contratos colectivos de protección al patrón, firmados y depositados al margen de la voluntad de los trabajadores. La contratación por hora y la propuesta de nuevos contratos temporales quedaron sujetas a ciertas condiciones que no les acaban de satisfacer. Parte de ellos duda entre aplaudir al gobierno federal, que apura a una conclusión del proceso legislativo, buscando colgarse la medalla de una supuesta reforma estructural, o seguir reclamando cambios al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.

El tema de la subcontratación o outsourcing, aún con las reducidas reglas contempladas en la minuta con proyecto de ley, ha generado molestias en el sector empresarial que utilizó esta forma excepcional de contratación para convertirla en regla común, con el fin de omitir el pago del 10 por ciento de las utilidades a las que tenían derecho sus trabajadores, creando un sistema de triangulación simulada que les ha generado gigantescas ventajas a costa del salario de los trabajadores y de sus condiciones laborales, convirtiendo en caricatura sus derechos colectivos. Se ha comprobado con amplitud la grave lesión en el renglón fiscal y de seguridad social, además de otros impactos negativos. Ahora esos empresarios reclaman que no se ha cumplido la reforma prometida, la cual debía limitarse a legitimar sus prácticas y no andar inventando protecciones; por ello han contratado, con bono incluido, a un grupo de cabilderos para presionar a los senadores con el petate del muerto de que esas restricciones mínimas provocarían pérdidas de empleo.

Por el lado del PRI y del sindicalismo tradicional, también existe inconformidad. Se vieron obligados a utilizar su mayoría en beneficio de un conjunto de concesiones al sector empresarial, a cambio de que no fuesen afectados sus intereses. Ahora resulta que sus socios en esta estrategia hablan de transparencia, voto secreto y rendición de cuentas. Peor aún, el tema se ha posicionado ante la opinión pública al grado de que una consulta reciente muestra que 70 por ciento de la población está en favor de esta agenda democrática. Al resistirse a estos elementales cambios, se exhiben y reaccionan amenazantes haciendo un ridículo aún mayor. La respuesta reciente de un líder es sintomática: Si le siguen haciendo el juego a la democracia sindical, vamos a responder con otros cambios a la ley en favor de los trabajadores, o incluso a congelar la reforma. A ver quién gana.

Los líderes de las grandes centrales obreras tradicionales pierden de vista que acceder a una agenda democrática les permitiría recuperar, al menos a una parte de ellos, un mínimo de credibilidad, ya que la dinámica actual aumenta su degradación y desprestigio y de ello se han aprovechado los empresarios convirtiéndolos en socios de segunda. Incluso algunos despachos patronales empiezan ya a crear sus propios sindicatos, sin siglas, sin pertenencia a partido alguno, un negocio a secas que hace crecer un auténtico submundo laboral incrementado por la subcontratación ilegal. En ello participan abogados-líderes, ex policías y golpeadores con nueva apariencia de dirigentes sindicales. Las ganancias se comparten por los propios despachos empresariales que los promueven. Basta observar cuáles fueron los dos sindicatos que más contratos colectivos han obtenido en el último año.

Apoyar la agenda democrática sindical no es asunto reducido al ámbito laboral, es una exigencia para que la República recupere la cultura de la legalidad y la vigencia de sus instituciones.