La nueva ley antilavado de dinero, promulgada este martes por el presidente Felipe Calderón, establece, entre otros, los siguientes puntos:

–Prohíbe transacciones de dinero en efectivo en operaciones comerciales y financieras por determinado monto, que en el caso de compraventa de inmuebles es de medio millón de pesos, además de que estas operaciones deberán ser notificadas a la Secretaría de Hacienda.

–Este caso incluye la adquisición de vehículos terrestres, yates o avionetas por un monto igual o superior a 200 mil pesos; o la comercialización de joyas, metales preciosos, relojes y obras de arte por una cantidad igual o superior a 300 mil pesos.

–Se restringe el dinero en efectivo para los casos de tarjetas de servicios y de crédito, así como prepagadas, cuando el gasto mensual acumulado rebase 50 mil y 40 mil pesos, respectivamente, y notificar a la Secretaría de Hacienda cuando estos montos sean superiores a 80 mil en un mes. En este punto, entra la comercialización de tarjetas de crédito o de prepago, como en el caso de las tiendas departamentales o de servicio.

–La emisión o comercialización de cheques de viajero –de una entidad distinta a las financieras– por un monto igual o superior a 40 mil pesos deberá ser notificada a la Secretaría de Hacienda.

–Los intermediarios no financieros, es decir, quienes participan en determinadas transacciones económicas, están obligados a verificar la identidad de sus clientes y usuarios, solicitarles información sobre su actividad, ocupación o fuente de ingreso y conservar y proteger por cinco años la documentación sobre dicha información. Este punto se refiere, principalmente, a los notarios públicos.

–Los fedatarios públicos tendrán ahora la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda sobre las operaciones relacionadas con la constitución de personas morales, transmisión de acciones o partes sociales, constitución o modificación de fideicomisos y compraventa de inmuebles, entre otros.

–Se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero, enfocada a la investigación de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, la cual dependerá de la PGR.

–Se establecen nuevas obligaciones a entidades financieras, como bancos, Bolsa Mexicana de Valores, Sistema de Ahorro para el Retiro, sociedades de inversión, casas de cambio y aseguradoras, entre otras, a señalar medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas.