La violencia y la discriminación de género empiezan desde la infancia, como demuestra el hecho de que son las niñas quienes más padecen deserción escolar, violencia intrafamiliar o falta de acceso a diversos servicios, lo cual hace urgente diseñar políticas públicas para atender las necesidades particulares de este sector.

Así lo afirmó Juan Martín Pérez, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien presentó un diagnóstico de la situación de las mujeres menores de edad en el país, a propósito de la declaración del 11 de octubre como Día Internacional de las Niñas, efeméride que se celebrará a partir de este año.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, no hay perspectiva de género ni se contemplan las necesidades de las niñas en particular. La violencia y la discriminación empieza con ellas, lamentó.

Una muestra de ello es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una de cada tres niñas de entre cero y 17 años no tiene acceso a servicios de seguridad social; nueve de cada 10 madres adolescentes abandonaron la escuela, y dos terceras partes de los llamados ninis son mujeres.

Además, subrayó, en 2010 el número de niñas fallecidas por homicidio llegó a 329, la cifra más alta en los 10 años recientes, y en 2011 se registraron 693 niñas presas por delitos federales, un alza de más del doble con respecto al año anterior.

De esa población, 34.6 por ciento fue por posesión y consumo de drogas, y 19.2 por ciento por infringir la Ley Federal de Armas y Explosivos.

Por todo ello, indicó el especialista en derechos de la infancia, es urgente que se diseñen políticas públicas integrales que atiendan las necesidades específicas de las niñas, ya que en la actualidad el Estado mexicano dedica menos del uno por ciento de su Producto Interno Bruto a proteger a dicha población vulnerable, integrada por casi 20 millones de personas.

Pérez García afirmó que la Redim y otros grupos de la sociedad civil le han hecho llegar sus demandas al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, y enfatizó que una tarea pendiente del gobierno es crear un sistema oficial de información sobre la violencia contra los menores.

Alicia Vargas, presidente de la Redim, subrayó por su parte que la discriminación contra las niñas es todavía más grave cuando se trata de indígenas, puesto que además de sufrir marginación por ser mujeres, la padecen también por su origen étnico.

Por tal razón, 46 por ciento de las menores de los pueblos originarios no van a la escuela; 60 por ciento padecen algún grado de desnutrición; 33 por ciento son maltratadas en su ámbito familiar, y una de cada seis son agredidas sexualmente. Debemos reflexionar sobre el acceso de las niñas a sus derechos, para que puedan tomar mejor sus decisiones como adultas, recalcó.