Al corroborar que hubo tortura tras la detención de un joven acusado de homicidio por parte de agentes de la policía judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 13/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Actualmente, el acusado enfrenta su proceso legal privado de la libertad.

El organismo constató que en enero de 2010 los agentes detuvieron de manera ilegal y arbitraria al afectado, lo golpearon y amenazaron al momento de detenerlo, y además de incomunicarlo tardaron cuatro horas en ponerlo a disposición de la autoridad competente, violando sus derechos a la libertad y a la seguridad personales.

Además, lo golpearon en repetidas ocasiones y lo amenazaron con lastimar a sus familiares, con la finalidad de obligarlo a firmar una declaración autoincriminatoria, generando con dichas agresiones actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal.

De acuerdo con el organismo, durante la integración de la averiguación previa en la que se le atribuyó la calidad de probable responsable no se cumplió con las formalidades legales establecidas para la integración de la averiguación previa.

Aunado a lo anterior, servidores públicos adscritos a la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF exhibieron en medios de comunicación al agraviado como el responsable de la comisión de un delito, con lo que se violó el principio de presunción de inocencia y su derecho a la protección de la honra y la dignidad.

Por ello, la CDHDF concluyó que la detención del agraviado fue arbitraria e ilegal, y por lo mismo, violatoria de sus derechos a la libertad y seguridad personales, pues no se llevó conforme a la ley, ni se le explicó el motivo de su detención; además de que se le mantuvo incomunicado antes de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Por los mismos hechos, el 16 de noviembre de 2011, la comisión había formulado una denuncia por el delito de tortura cometido contra el agraviado, por lo que se había iniciado una averiguación previa, la cual está en integración.

Para el organismo defensor de las garantías individuales, el caso revela una vez más que la práctica de esta grave violación a derechos humanos está facilitada por una serie de actos y omisiones que vinculan no sólo a los agentes de la policía de investigación, sino al personal ministerial.

Hechos acreditados como los expuestos permiten hacer énfasis en que quienes deben aplicar la ley son los propios perpetradores de diversas violaciones a derechos humanos, según la comisión.

La CDHDF subraya que el presente caso evidencia una vez más que es necesaria una política pública que permita erradicar esta forma de actuar de algunos agentes de la policía de investigación y de personal ministerial.

Así, dice el comunicado, seguir permitiendo que ocurran hechos como los acreditados sólo naturalizan las diversas violaciones a derechos humanos que se cometen en los contextos de tortura como mecanismo de supuesta investigación, y fortalecen una visión de impunidad.