n los casi 15 años transcurridos desde la matanza de Acteal, el signo inocultable del poder público de nuestro país en torno al caso ha sido una lamentable voluntad de encubrimiento. En los días y meses posteriores a la matanza, un centenar de personas fueron inicialmente encarceladas por su participación material en los hechos, entre ellas ocho oficiales de seguridad pública que fueron puestos en libertad tres años más tarde. Luego, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de otros 20 sentenciados, en un fallo que mereció opiniones encontradas y duras críticas por parte de las víctimas y sus defensores. Mucho más grave, en todo caso, ha resultado la actuación de las instancias de impartición y procuración de justicia en el país en lo que toca a determinar la responsabilidad penal –la política es inocultable– de los altos funcionarios que tenían por entonces el encargo de salvaguardar la vida de los pobladores de Acteal, empezando por el ex presidente Ernesto Zedillo; el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y el ex procurador federal Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros.

Con tales antecedentes, la demanda civil presentada en una corte de Hartford, Connecticut, en contra de Ernesto Zedillo por un grupo de víctimas de los hechos, con todo y sus aspectos criticables, podría haber ayudado a despejar las dudas y ratificar o desechar los señalamientos por crímenes de lesa humanidad que desde 1997 persiguen al ex mandatario y a varios de sus colaboradores, sobre los cuales no ha dejado de fluir información y evidencia documental: baste citar, como botones de muestra, el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la Investigación del Caso Acteal, difundido en octubre del año pasado, así como los documentos oficiales desclasificados por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, y publicados en 2009, en los que se asienta que el Ejército Mexicano dio apoyo directo a paramilitares en Chiapas como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas.

En noviembre de 2011, el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos otorgar inmunidad al ex presidente Zedillo, y el gobierno de Washington decidió acceder a esa petición y sugirió al Poder Judicial de ese país que el hoy académico de Yale no debe ser juzgado por el caso Acteal. Paradójicamente, al recurrir a la inmunidad judicial de Zedillo por su condición de ex mandatario como una vía para desactivar el proceso civil en su contra, la defensa del acusado y el propio gobierno mexicano no hacen sino ratificar la percepción pública de su responsabilidad penal en los hechos del 22 de diciembre de 1997.

Por lo demás, la administración calderonista hace un flaco favor a su propia imagen con la petición a las autoridades judiciales de Estados Unidos de que reconozcan una inmunidad presidencial a todas luces improcedente –pues terminó, en todo caso, el 30 de noviembre de 2000–, y comprueba, con ello, la persistencia de ese vergonzoso acuerdo histórico de cubrir las espaldas a los gobiernos anteriores, el cual ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, los centenares de asesinatos políticos perpetrados durante el régimen de Carlos Salinas y la política de contrainsurgencia puesta en práctica en Chiapas y Guerrero por el último gobierno priísta anterior a la alternancia del año 2000. Se confirma así que la garantía de impunidad a los antecesores en el cargo sigue siendo uno de los hilos de continuidad que recorren los sexenios, independientemente de los colores y de las siglas partidistas de quienes los encabezan.