enemos abundancia de leyes, eso es incuestionable. La pregunta que se impone es, entonces, ¿por qué es tan difícil en México realizar la justicia y se alega siempre que la culpa es de las malas leyes que tenemos o de su insuficiencia?: ¿para qué sirven tantas leyes? Resulta que son en todo momento o insuficientes o no existen todavía. Nuestras leyes todo el tiempo se están reformando, incluida la Constitución, que ya lleva más de medio millar de reformas. Pero sucede que nunca se pueden realmente acabar, vale decir, ser elaboradas de modo que ya no presenten tantas lagunas ni insuficiencias que las hagan obsoletas desde que nacen.

En estos días tenemos el lamentable espectáculo que nos ofrece la administración de justicia electoral en nuestro país: funcionarios que no hacen lo que por ley están obligados a hacer, es decir, investigar las denuncias que se les presentan con fundamento legal, porque simple y sencillamente nuestro entramado legal les permite hacer a menos de sus responsabilidades u obligaciones. Un sistema jurídico no puede funcionar si se encuentran siempre resquicios o escondrijos en la ley que permiten evadir los mismos principios legales, valiéndose de interpretaciones sesgadas o mañosas de las propias leyes.

Un ejemplo señero lo podemos encontrar en la negativa del IFE a investigar los nexos entre el candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y Televisa desde el ya lejano 2005, según denuncias que se hicieron en la prensa. El pasado 20 de agosto, el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, publicó un artículo en Excélsior, pésimamente escrito, por cierto (Fundamentos y razones del IFE. La investigación sobre Enrique Peña Nieto desde 2005 concluye que la contienda fue equitativa), en el cual asevera, primero, que la denuncia del Movimiento Progresista abarca un periodo, 2005-2007, que la actual legislación no cubre; segundo, que la denuncia comprende otras ya resueltas en el pasado y, tercero, una entrevista de Peña Nieto con la periodista Maxime Woodside que, según el secretario, es insancionable.

El pasado jueves, el consejero Alfredo Figueroa publicó, a su vez, otro artículo en Reforma, en el que desmiente punto por punto lo expresado por Jacobo. Es un artículo notable por su precisión y por la solidez de sus argumentos. En suma, el consejero electoral desmiente la versión de que el instituto realizó amplias y exhaustivas investigaciones sobre los hechos denunciados. Por ejemplo, cuando se trató de las relaciones entre el aspirante priísta con la televisora, se hizo sobre la base de formular la pregunta de si se había tenido dicha relación, a la que la televisora contestó que no. A eso se redujo la exhaustividad de la búsqueda.

Cuando se trató del examen de las pruebas presentadas en contra de las autoridades locales del estado de México, inexplicablemente, afirma Figueroa, no se requirió información sobre los gastos de comunicación social de 2005 a 2011. Tampoco se analizó el conjunto de pruebas documentales que ofreció el denunciante, entre ellas, libros y artículos. Pese a que el mismo secretario había afirmado que se analizarían los hechos sometidos a la consideración del instituto, incluidos, dijo, los anteriores a la reforma de 2007, luego se argumentó por parte de los consejeros que tales hechos quedaban fuera de su consideración.

Finalmente, aclara asimismo el consejero Figueroa, es una falacia ofrecida por Jacobo el que el Partido de la Revolución Democrática haya solicitado la reapertura de expedientes que ya habían sido liquidados, sino que se retomaran constancias que obraban en tales expedientes; fue falso, también, su dicho de que el PRD haya denunciado la realización de entrevistas en intercampaña, pues este partido sólo acusó a los denunciados de haber contratado propaganda encubierta o simulada a través de una entrevista. La cuestión es: ¿por qué una institución como el IFE decide y actúa de ese modo sin que haya ya no digamos ningún freno legal que se lo impida, sino haciendo a menos de los principios de justicia y equidad que deben normar sus actividades?

Esa cuestión forma parte de otra que se nos impone todos los días: ¿por qué nuestro sistema jurídico tiene tan poco de jurídico y sí mucho de fáctico? Dicho en otros términos, ¿por qué son siempre intereses parciales y muchas veces ilegales los que se imponen en las decisiones que conciernen al desarrollo de los procesos de impartición de justicia? El derecho, en general, es por supuesto una teoría general de los intereses legítimos, pero en ningún caso se trata de intereses privados, por ejemplo, los de Televisa como tal o de Peña Nieto; siempre se trata de intereses generales, abstractos, por ejemplo, los intereses del patrón definidos y protegidos por la ley o los del trabajador, sin mirar a tal o cual persona.

Se dice que la ley es, por su misma naturaleza, general y abstracta; pero no está dada en el vacío, pues debe estar dirigida a proteger las diferentes especies de intereses, sin mirar a los privados en particular. Nuestra legislación electoral, para volver al caso, tiene intereses generales que proteger; cuando se imponen los intereses de un partido o de un grupo encumbrado en el poder económico y político esa misma legislación deja de tener sentido. Se dice que, después de todo, las leyes están hechas por los partidos, representados en el Congreso. De acuerdo, pero no podemos aceptar que una mayoría legislativa actúe sin freno e imponga los intereses particulares que representa sin tomar en cuenta aquellos intereses generales de que hablamos antes. Una ley así no puede durar y es siempre imperfecta.

No es que uno esté autorizado a quejarse de ello. Así es la democracia, se nos dirá y, en efecto, se trata ante todo de respetar el juego democrático. Pero no se puede seguir siempre por el mismo camino. La democracia también cobra las cuentas y castiga los excesos. A nosotros todavía nos falta mucho para lograrlo, pero va a llegar el día. No podemos hacer de la política un juego de abusos impunes e irresponsables. Aún nos falta aclararnos a nosotros mismos quiénes, qué grupos están detrás de los partidos que finalmente hacen las leyes. Los verdaderos responsables de las pésimas leyes que tenemos, pueden no ser precisamente los partidos políticos, sino los grupos que los usan para imponer su hegemonía.

Mientras eso no se aclare, podemos estar seguros de que siempre habrá mayorías o multitudes burladas a las que no se les hace justicia, mientras hay grupos reducidos y privilegiados que hacen de la ley un instrumento particular de dominación. Antes se decía que la Constitución era letra muerta, para indicar que no se cumplía o que era continuamente violada. Era una percepción exagerada, porque la verdad es que en su mayor parte sí se cumplía. Igual pasa hoy con las leyes en general. Se cumplen, pero se cumplen mal, retorciendo su significado o no aplicándolas, valiéndose de otras leyes o de la ignorancia o simulación de los actores.

Todo eso está mal y debe terminarse. Pero no como ahora se hace y se aplica el derecho, sino haciendo intervenir en los procesos legislativos y judiciales a la sociedad que es la mayor afectada. Eso también acabará por darse.