El Movimiento Progresista demandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que estudie y analice a fondo todos los agravios presentados contra el resultado de la elección presidencial, y se dé tiempo para emitir la sentencia, incluso más allá del plazo constitucional establecido para el 6 de septiembre.

Jesús Zambrano, Alberto Anaya y Miguel Castro, dirigentes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, respectivamente, advirtieron a los magistrados Maricarmen Alanís, Esteban Penagos y Manuel González Oropeza del riesgo de estallidos sociales si se asume una determinación jurídica que no contenga el análisis de todos los elementos del agravio.

Para el dirigente del PRD, es preciso revisar la información sustancial para que los magistrados cuenten con elementos suficientes para emitir su sentencia.

“Nosotros les planteamos que no podían, además de erigirse como tribunal de constitucionalidad para calificar la elección presidencial, aislarse tampoco del entorno socio-político, económico que existe en nuestro país, en donde para nosotros está claro que se han agotado todos los esquemas de desarrollo.

“Por tanto, la resolución del TEPJF en los próximos días será determinante para el curso que seguirá la vida pública en nuestro país, con tanto descontento, con tanta situación complicada que se ha ido aglomerando, que se ha ido acumulando. Esperaremos a que esto suceda, que no vayan a resolver sobre las rodillas con tal de sacar, sin examinar a fondo, exhaustivamente, nuestros alegatos.

“Para evitar lugar a dudas, a interpretaciones o tergiversaciones de cualquier tipo que, sea cual fuere la resolución –desde luego esperamos que nos den la razón–, la valoraremos en su momento, en todos sus términos para determinar también nuestra actuación, en lo que de ahí se derive.”

Alberto Anaya, diputado electo por el PT, se sumó a la exigencia al tribunal, y que éste asuma su papel histórico. “La decisión del TEPJF tiene muchas consecuencias, no solamente jurídicas, en términos de que de manera pública se violenta la voluntad popular. Bueno, ya llegamos a una situación también de Estado fallido, si no proceden a invalidar la elección.

Está también el tema de la consecuencia política. Se estarán preparando las condiciones para una restauración autoritaria con el modelo del viejo PRI de los años 70. Estaríamos también ante consecuencias sociales, porque no traen ese interés de hacer cambios de fondo; el tema de la inseguridad, de la descomposición social, el del desempleo, el de cerrarles puertas a los jóvenes sin ninguna esperanza. Si en esta elección no se procede conforme a derecho y no se procede a invalidarla, efectivamente, las consecuencias van a ser graves.

Jesús Zambrano expuso: “esperaremos la sentencia para examinarla y valorarla en sus términos. No puedo decir de antemano que, sin saber cómo venga, pues simple y sencillamente a ciegas la acataremos Eso sería una irresponsabilidad ante el país entero, y especialmente ante los cerca de casi 16 millones de mujeres y hombres que fueron a sufragar por nosotros para la elección presidencial.

En el tema de las descalificaciones dijo: nos quieren poner en el banquillo de los acusados a quienes acusamos a aquellos que violaron la ley, que se convirtieron en delincuentes electorales.