18 de agosto de 2012     Número 59

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Sufragio en efectivo no es democracia


Boletas electorales con folios repetidos FOTO: Archivo

Jesús Ramírez Cuevas

En las elecciones pasadas, el PRI llevó a cabo la compra masiva de votos en las regiones más pobres de México, donde, curiosamente, se dio la mayor participación electoral en el país. En el campo y en la ciudad el PRI se aprovechó de las carencias y del hambre de millones de mexicanos.

A cambio del voto, los operadores del PRI dieron a los ciudadanos dinero en efectivo, comida (pollos rostizados, medio pollos, carne, tamales, etcétera), tarjetas telefónicas, monederos electrónicos, materiales de construcción, estufas, láminas, animales, enseres, utilitarios y hasta pasteles de cumpleaños como en Yucatán. Se calcula que casi un tercio de los votos obtenidos por el PRI proviene de la compra y la coacción, más de cinco millones de votos.

En las zonas rurales el operativo fue impresionante, el candidato priista, Enrique Peña, sacó una ventaja de tres millones de votos sobre Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición progresista. El campo le dio a Peña 38 por ciento de su votación, es decir: siete millones 263 mil 580 de votos. En contraste, el voto rural de AMLO alcanzó los cuatro millones 462 mil votos, 28 por ciento de su votación nacional.

En cambio, en las zonas urbanas Peña logró una ventaja de apenas 500 mil votos sobre López Obrador (11 millones 963 mil 204 de votos para el priista, frente a 11 millones 434 mil 821 de AMLO).

En esta elección, el voto rural creció cinco veces más que el urbano. En casillas urbanas, la votación aumentó 5.16 por ciento con relación al 2006; en las rurales creció 23.37 por ciento.

Por ejemplo, en los tres distritos con más población rural de Yucatán, la participación promedio fue de 86 por ciento, con votaciones para Peña por arriba de 50 por ciento. Lo mismo que en zonas populares y rurales del estado de México.

Esta participación rural atípica se atribuye no sólo a la compra del voto por el PRI, sino a que, según el caso, se rellenaron urnas y se sumaron votos de personas fallecidas o emigradas.

El retorno del feudalismo chiapaneco. Caso emblemático de este fenómeno es Chiapas, donde la participación rural se incrementó 118 por ciento respecto de 2006. En esa sola entidad, el PRI consiguió 506 mil votos de más. A mayor participación, mayor voto para el PRI. En el medio urbano chiapaneco, Peña Nieto logró 284 mil 769 votos, cuatro mil 223 votos más que AMLO; en cambio, en el campo su ventaja fue de 294 mil 871 votos (Peña con 649 mil 501 sufragios rurales frente López Obrador con 354 mil 630).

¿Cómo se logró esta multiplicación del voto verde a favor de Peña? Algunos ejemplos:

En Mitontic, municipio de Los Altos de Chiapas, uno de los más pobres del país, como las demás regiones indígenas del estado, las elecciones de julio fueron un regreso al pasado: la diferencia entre ayer y hoy es que los caciques del PRI ahora compraron los votos de todos, incluidos los de representantes de los demás partidos.

De forma similar que la mayor parte de los 28 municipios indígenas de alta marginación, Mitontic sólo tiene una carretera que une a ocho de las 24 comunidades del municipio, por lo que la mayoría de los indígenas que llegaron a Mitontic a votar tuvieron que recorrer caminos de terracería y veredas lodosas y agrestes.

En este pueblo tzotzil en lugar de filas de ciudadanos para votar en las casillas, había colas de gente para cobrar un dinerito por el voto no ejercido. Los operadores del PRI procedieron a rellenar urnas en favor de Enrique Peña Nieto y unos pocos para los otros candidatos, para disimular.

En la plaza se informaba a los indígenas que los votos se estaban pagando a 300 pesos. Los que se negaban a aceptar eran amenazados. A pesar de la ley seca, por el pueblo daban tumbos algunos “bolos” que habían comprado posh (aguardiente de la región) a cambio de su voto. En esa región tan pobre, ese dinero representa una semana de trabajo, si no es que más.

Desde meses antes, funcionarios de ayuntamientos, del gobierno estatal y del PRI-PVEM, habían repartido despensas, regalos y materiales de construcción a cambio del voto; condicionaron obras y programas sociales a cambio del apoyo al PRI. Así lo mismo en los Altos, el Norte, la Selva, la Frontera, la Costa, la Sierra. Tal fue la cantidad de recursos públicos utilizados en las elecciones, que el gobernador Juan Sabines duplicó la deuda del estado en el último año.

En los municipios indígenas de Los Altos de Chiapas, como San Juan Chamula, Zinacantán o Teopisca, los grupos del PRI obligaron por la fuerza a votar a los indígenas a que vendieran su voto.

En la Selva Lacandona también hubo reparto de dinero, materiales de construcción y despensas; hay testimonios de que el gobernador amenazó a líderes sociales si no apoyaban al PRI-PVEM, los que no aceptaron fueron detenidos con delitos fabricados.

En Tuxtla Gutiérrez se pagó de 500 a mil pesos por voto. El día de la elección fueron detenidos operadores del PVEM (el ex alcalde de Tila) con 3.5 millones de pesos para comprar votos a favor de Peña.

En Chiapas la participación electoral superó la media nacional. El voto rural del PRI aumentó 274 por ciento; incluso hay casillas con más de 110 por ciento, como en las mejores épocas del PRI.

Si comparamos los datos de la elección presidencial en Chiapas de 2006 y los de 2012, la cosa se pone interesante: la lista de electores aumentó sólo en 400 mil ciudadanos, pero la participación electoral se incrementó en 800 mil votos (en 2006 votaron 1.3 millones y en 2012 fueron 2.1 millones), sobre todo en las casillas rurales. El PRI elevó su votación en más de 500 mil votos respecto de 2006.

Uno pudiera suponer que esa asistencia masiva a las urnas de los chiapanecos sería un signo de modernidad y cultura cívica. Todo lo contrario. Fue un cochinero. Los más pobres de Chiapas “votaron” por el PRI a cambio de migajas.

Postdata. En Nuevo León la participación en el campo aumentó 250 por ciento; en Baja California Sur, 179; en Quintana Roo, 132 por ciento… En Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz, el incremento fue por arriba de los 400 mil ciudadanos, y en el Estado de México superó el millón 200 mil.

El voto verde regresó por sus fueros, a cuenta de millones de pesos. ¿Puede haber democracia si el voto se convierte en moneda de cambio y pierde su valor de uso? ¿Sustituiremos la libertad por el dinero? ¿Puede haber democracia con millones de personas con hambre y en la pobreza?


Pobreza, sequía y operación de líderes, mecanismo del PRI para obtener el voto rural: Ricardo Monreal

Lourdes Rudiño


Ricardo Monreal Ávila FOTO: Lourdes E. Rudiño

La pobreza, sobre todo, pero también la situación de sequía que ha azotado al campo en los tiempos recientes; la condición de falta de infraestructura y de educación, entre otras cosas, fueron las condiciones que favorecieron al PRI y a Enrique Peña Nieto en las elecciones del 1 de julio. La población rural de Yucatán, Chiapas y Campeche y otras zonas del sur –indígena y pobre– y de Zacatecas, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí –donde el semidesierto domina– fue la más vulnerable a la compra del voto y a otras prácticas corruptas, afirmó Ricardo Monreal Ávila.

El zacatecano, quien fuera el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, lamentó seriamente lo ocurrido con el voto en el medio rural, pues su población –“presa fácil del dinero”, afectada por una pobreza “que va a persistir en estados totalitarios y caciquiles”– fue la que principalmente se utilizó para el fraude electoral, y el efecto inmediato es una regresión democrática impresionante. “No culpo a la gente que tiene necesidad, sino a los que trafican perversamente con el hambre de la gente”.

Si bien las acciones fraudulentas del PRI en áreas rurales y urbanas fueron “una cosa desmedida”, para la cual no era posible tener acciones precautorias, e implicó “muchísimo dinero, miles de millones que va a ser muy difícil cuantificar”; y si bien hubo distribución de tarjetas Monex (en Hidalgo en especial), millones de tarjetas Soriana y tarjetas telefónicas, dinero en efectivo, utensilios y demás tanto en el medio rural como en el urbano, en este último, en las ciudades principales (Distrito Federal, Guadalajara, ciudad de Puebla, Monterrey, etcétera), Peña no ganó ni tampoco lo hizo en las casillas especiales, dijo.

En el ámbito rural el PRI supo sacar gran provecho de la sequía que azota a casi todo el país, pues “la gente estaba muy dispuesta a vender su voto por una despensa”.

“Hubo lugares donde el PRI obtuvo 400 votos contra dos de la oposición”. La explicación está en “lo alejado y vulnerable del medio rural; su la falta de medios de comunicación, de educación, y por la pobreza, que es impresionante (…) El asunto es delicado porque este sector, que puede ser manipulado y es visto como reserva de votos, es del que depende la producción y la autosuficiencia alimentaria, que están descuidadas”.

De acuerdo con Monreal, el Movimiento Progresista ha podido documentar –con testimonios o incluso con actas notariadas– tanto la compra de votos como otras prácticas múltiples, “las peores prácticas”, como embarazo de urnas y muertos que votaron.

Por ejemplo, “en muchas comunidades la tradición es que el comisariado ejidal, o delegado municipal, o líder, es el que se encarga de votar por todos, incluso por los ausentes. Eso no pudimos combatirlo, porque la compra de votos por parte del PRI fue brutal. Desde fertilizantes, semillas, instrumentos de labranza, hasta tractores fueron entregados a cambio del voto (…) Fue una mezcla (de prácticas) para nosotros desafortunada y para ellos exitosa. En lugar de darle mil pesos o una despensa, al líder le daban cinco mil o diez mil pesos para que se encargara de la urna, para que la llenara”. Así, “acudía 30 por ciento de los pobladores de la comunidad a votar, pero en el momento del conteo aparecía 70 u 80 por ciento del padrón”. Las prácticas irregulares fueron generalizadas, comentó.

Señaló: “Tenemos radiografías del comportamiento del voto rural y por ejemplo en estados como Yucatán, Campeche, donde hay una presencia campesina importante, hubo distritos donde votóel 70 o 75 por ciento del padrón electoral, cuando son comunidades vacías, muchas donde la gente ha sido expulsada por la migración internacional, o por la migración local.

“Fue un mecanismo que supieron articular muy bien, de casi control total, donde la principal característica fue el dinero ilimitado, los operadores tenían bajo su resguardo cantidades de dinero inusitadas. El tema es de dónde salió tanto dinero”. El entramado de la operación fue amplio y participaron autoridades gubernamentales estatales y municipales, dijo.

Respecto de si el narco se alió al PRI en el medio rural, señaló: “Se dice eso. No tenemos elementos de prueba, porque la gente tiene mucho temor: Nos platican cómo obligaban a los representantes de los partidos y casillas a actuar a favor del PRI bajo la amenaza de ser extorsionados o desaparecidos o torturados en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí… Fue impresionante la manera como operaron los grupos del crimen organizado y estoy seguro que la mayoría actuó a favor del PRI.

Ricardo Monreal reiteró la petición del Movimiento Progresista. “Lo que planteamos es la invalidez de la elección. No fueron elecciones libres ni auténticas; hubo presión, coacción, compra de voto que son prácticas ilegales, sancionadas por la ley, y donde por cierto la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) estuvo ausente en todo el país, actuó como una gran tapadera de las prácticas del PRI. No hubo la presencia de ministerios públicos, de representantes de la Fepade, no hubo integración de averiguaciones previas, las ocultaban, las escondían, para no molestar la operación ilegal del priismo. Fue impresionante”.

Monreal manifestó pesimismo. “Me preocupa que todos estos años de lucha democrática se vienen abajo, ¿para qué competir si ellos son dueños de todo? Las leyes no se cumplen”.

Comentó: “Este es un sistema de complicidades, el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene la facultad, por medio de la Unidad de Fiscalización, de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, o a la Unidad de Investigación de la Procuraduría General de la República todos los datos que se quisiera (para analizar en forma expedita el uso excesivo de dinero por parte del PRI), pero no lo hace.

“La Unidad de Fiscalización del IFE, que fue el debate principal de la reforma electoral del 2007, fue dotada de dientes y colmillos para que inhibiera este tipo de prácticas ilegales. Eliminamos el secreto bancario, fiduciario, el secreto fiscal. Esa Unidad es la única autoridad que puede solicitar eso y puede hoy solicitarlo y se lo tienen que dar al otro día. Y no lo hace. Como opositores, tenemos mucha desesperación (…) se está generando una irritación social que no es buena, lo que la gente quiere es justicia.

“Y el tribunal electoral (el TEPJF) –que es constitucional no es de legalidad, y está para reparar las violaciones constitucionales y no es un simple contador de votos– pareciera ser que no está a la altura; hasta ahora eso es lo que vemos, no quisiera adelantar juicios. Espero que no haya magistrados que no acepten lo que está pasando”.

“¿Qué legitimidad tendrá alguien que gana la Presidencia con dinero ilícito? La legitimidad la buscará con apoyo del Ejército, con uso de la fuerza y represión, con fuerzas oscuras y con los poderes fácticos de la televisión y otros medios. Pero tarde o temprano van a tener que sucumbir frente al reclamo social”, concluyó el entrevistado.

Machismo y comportamiento priista
de los panistas castigaron a JVM
en el voto rural: Javier Usabiaga


FOTO: Archivo

Lourdes Rudiño

El machismo que aún impera en el medio rural fue un factor que influyó mucho en este ámbito para restar votos a la candidata del Acción Nacional a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, afirma Javier Usabiaga Arroyo, legislador saliente de este partido, que encabezó la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

Pero más allá de eso, agrega, “nuestro partido se alejó de la sociedad, y prueba de ello es que perdimos estados como Jalisco, donde la población rural es sumamente amplia, pues la mayoría de sus municipios son rurales, y donde realmente éramos una gran fuerza política; se perdieron municipios como Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, o en Guanajuato, municipios como León y Pénjamo, donde el PAN tenía gran fortaleza. Allí, donde nos había costado muchísimo trabajo conquistar la voluntad y servir a la sociedad rural con un proyecto diferente, revive el PRI y renueva sus fuerzas de liderazgos agrarios.

El problema “fue que le copiamos al PRI y nos volvimos más priistas que ellos y empezamos a hacer las mismas cosas que hacían ellos y perdimos la credibilidad”. Entre esas cosas están, “por ejemplo, buscar que sólo los que estaban recibiendo los beneficios de nuestro partido recibieran los beneficios de los programas sociales; que los funcionarios debían ser distinguidos panistas en lugar de funcionarios eficientes. Además empezó a haber signos de corrupción y corrupciones comprobadas y todo eso nos deterioró fuertemente, porque no es lo mismo conservar una tendencia que se había llevado por 70 años como es el caso del PRI a haberle dado la vuelta a una administración honesta en un principio, con respeto a la dignidad del ser humano; a todo aquello que, durante los últimos 18 años en Guanajuato y 12 a nivel federal, habíamos venido pregonando”.

Quien fuera titular de la Secretaría de Agricultura con Vicente Fox dice que al gobierno panista llegó en los últimos tiempo “gente que echó por la borda todo ese trabajo y sacrificio, al volver a las prácticas antiguas, buscando el corporativismo, buscando el chambismo para los miembros del partido, en lugar de buscar la eficiencia de los funcionarios públicos; de respetar al ser humano; de recobrar aquella ideología de nuestro partido de que hay que construir y generar ciudadanía, de que hay que enseñar a pescar y no regalar pescados (…) El PAN necesita voltear a sus orígenes, voltear a sus principios y sobre todo estar muy al pendiente de mejorar sus sistemas de elección de candidatos. No podemos dejar todo en manos de la militancia, porque ahora todo se ha convertido en cotos de poder”.

Dice que, según su análisis personal, el voto rural del 1 de julio fue razonado y diferenciado, enlazado con las oportunidades que ofrecen los candidatos; ya no fue el voto corporativo. Si bien es cierto que éste sigue existiendo en algunos lugares, como Durango, Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz, y en algunos casos fue “abrumador” a favor del PRI, como en Durango y Chiapas, “veo que ya hay mucha conciencia en la sociedad rural para emitir su voto de acuerdo con los resultados que hayan dado los gobiernos en acción y sobre todo con la personalidad de los candidatos.

Usabiaga, quien colaboró como ideólogo en temas rurales en la campaña de Vázquez Mota, reitera que “el voto rural corporativo, en cascada, condicionado, cada día, para bendición de la democracia, es menos”.

–Pero ¿no persiste el voto por ignorancia, por engaño, por compra de votos en el medio rural?

–Sí, hasta por tradición. En muchos estados, en el sur de Veracruz, en Durango, en algunas de las zonas de nuestro país todavía existe esa ignorancia y esa facilidad de comprar el voto o de otorgar bienes materiales como parte de las campañas políticas. No creo en ese concepto de la compra del voto directamente, pero sí se compra la voluntad de la gente por medio de la entrega de satisfactores que desgraciadamente están carentes en buena parte de la sociedad rural, como cemento, láminas, despensa y ese tipo de cosas. El voto es secreto, y ¿cómo demuestras que hubo compra de voto? Pero la compra de voluntades es una práctica que debemos de abolir pero abolir no como delito electoral, sino como práctica, como práctica de recursos públicos y privados mal habidos en beneficio de un proyecto político.

–En la decisión electoral, ¿la población rural castigó las políticas agrícolas y de desarrollo social? ¿Quiere la gene regresar a lo que hizo el PRI?

–Más que los programas, fue el ejercicio de los mismos, su mala administración, su mala ejecución, la falta de agilidad en la entrega de los recursos, la insuficiente transparencia en la entrega de esos recursos, la falta de eficiencia y el trato a las personas. Eso fue lo que nos castigó el sector rural. No creo que hayan sido los programas. El 85 o 90 por ciento de la sociedad rural está encantada con los programas agrícolas y de impulso a la actividad económica. Todo mundo las aplaude. Donde hay algún problema en las políticas es en tratar de combatir a fuerza la pobreza con subsidios y con transferencias directas a los productores y no crear las fuentes de trabajo, no formalizar la actividad laboral para que realmente se genere certidumbre y riqueza que pueda darle a esa sociedad los satisfactores que requiere.