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Guatemala: siguen las
hostilidades contra
Santa Cruz Barillas
 Ojo de toriles, Feria de San Marcos, Aguascalientes, 1965 |
Tres meses después de que fue decretado el estado de sitio en Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, Guatemala, no ha sido detenido el asesino del líder comunitario Andrés Francisco Miguel, ni los agresores de los dirigentes Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar. Lo que sí sucedió fue que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia ordenó la captura de 33 líderes comunitarios que —de acuerdo con el Ministerio Público— participaron en los acontecimientos del 1 de mayo.
El abogado del Comité de Unidad Campesina, Sergio Beltetón, consideró que las detenciones giradas contra los pobladores “son ilegales porque se basan en una declaración anticipada”. Por su parte, Sergio Vives, defensor legal de tres de los acusados, asegura que la persecución penal va dirigida contra líderes que han asumido la reivindicación por los hechos ocurridos en el destacamento militar a principios de mayo, cuando fue asesinado un líder y resultaron heridos dos más.
El 1 de mayo pasado, elementos de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz —que construye la hidroeléctrica Canbalam— asesinaron al líder comunitario Andrés Francisco Miguel e hirieron a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar. Estos hechos desencadenaron una serie de protestas en las que varios fusiles del destacamento militar del ejército guatemalteco desaparecieron.
La respuesta del Estado fue suspender las garantías constitucionales de libre tránsito, expresión, reunión y organización, para poder “ofrecer seguridad” a la población y a los inversionistas de un megaproyecto que las comunidades de Huehuetenango rechazan desde hace años.
Los hogares de las familias de Santa Cruz Barillas fueron allanados y registrados; los pobladores hostigados, y decenas de ellos consignados sin pruebas; varias familias y líderes comunitarios tuvieron que buscar refugio en las montañas y en México.
Una de las órdenes de captura fue girada en contra de Hermelinda Claret Simón, líder que ha luchado siempre en favor de la vida, y quien señaló que la están acusando de cosas que nunca ha hecho, como quemar maquinaria de la empresa hidroeléctrica, cuando lo único que hace es defender el territorio y la naturaleza.
Desde el 2 de mayo, han sido detenidas sin prueba alguna personas acusadas de formar parte de asociaciones clandestinas, delitos de allanamiento, coacción, amenazas, incendio, actividad contra la seguridad de la nación, secuestro, detenciones ilegales y terrorismo. Esto, señalan abogados de los acusados, es una tergiversación de la figura delictiva contra una organización comunitaria que se opone a un proyecto. Por ello, consideran que se está utilizando el proceso penal como un instrumento punitivo para criminalizar y perseguir a los líderes del movimiento social que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.
“Nunca en la historia de Barillas hemos sufrido persecución, hasta que llegó la empresa y hace todo eso a las comunidades”, asegura desde Guatemala Hermelinda Claret.