En el Cauca de Colombia
Los nasa echan polícias, soldados
y guerrilleros de sus territorios
El intercambio de balas entre el ejército y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —que durante las últimas décadas se volvió un ejercicio usual en las montañas de Toribío, departamento del Cauca, — cesó abruptamente el 9 de julio pasado, cuando integrantes del pueblo nasa, hartos de los abusos y violaciones a sus derechos perpetrados durante años, tomaron la decisión de expulsar definitivamente a ambos grupos beligerantes de su territorio ancestral.
Armados con bastones de mando, banderas multicolores, palos y machetes, y al grito de “¡Váyanse con su guerra a otra parte!”, los nasa abatieron los puestos militares y trincheras, tanto de las FARC como del ejército y por la fuerza echaron a los soldados fuera de su territorio. “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil; mientras que la guerrilla (FARC) deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”, declaró después del enfrentamiento con la policía el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
 Semana Santa cora, Jesús María, Nayarit, 1969 |
Desde hace años la población civil del Cauca es víctima del fuego cruzado y de una guerra que no es suya. El ataque de guerrilleros a un Centro de Salud de Toribío —ubicado en la cercanía de una loma donde se atrincheraban militares— en el que varios empleados resultaron heridos y hubo la necesidad de amputar la pierna de una enfermera, y las agresiones de las FARC al cuartel de la policía de Toribío, en junio pasado, terminaron por colmar la paciencia de los pobladores, que se organizaron y decidieron que su guardia tradicional sacaría a policías, militares y guerrilla de sus territorios para evitar seguir siendo víctimas de ambos.
Desde hace más de 50 años, las guerrillas han utilizado el territorio del Cauca para replegarse, pues sus valles y empinadas cordilleras lo vuelven un lugar ideal, de difícil acceso. En esta área —considerada por los nasa como territorio sagrado— se concentra un gran porcentaje de las acciones armadas en Colombia. Se trata de una región estratégica por su topografía y conexiones con otros departamentos del país. Es también un territorio que muchos pretenden controlar, pues en éste existen extensos cultivos de coca y mariguana. Con este pretexto, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos ha insistido en militarizar el Cauca, y justifica la presencia de fuerzas armadas argumentando que —de acuerdo con la Constitución— “la fuerza pública puede estar en cualquier parte del territorio colombiano”.
Miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca advierten que la presencia policiaca y militar obedece a intereses muy alejados a la “protección de la población civil” de la zona. “Los territorios de resguardo se están concesionando a multinacionales, sin la consulta libre e informada a las comunidades. Se están implementando leyes que favorecen el extractivismo en nuestros pueblos”.
La estrategia de conflicto armado en la zona y la consecuente militarización, aseguran, es para sacar a los grupos originarios de las comunidades y permitir a empresas multinacionales la explotación de recursos naturales.
La lucha de los nasa es por el territorio y por la vida. Involucrados en un conflicto armado que no les pertenece y hartos de padecer sus consecuencias sin deberla ni temerla, este pueblo se ha rebelado para exigir que cesen las balas y los muertos en sus montañas, y que se respete la vida de su población y de los abundantes recursos naturales que hay en sus tierras.
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El conflicto no se reduce a los límites de Toribío. En Miranda, otro municipio de la región del Cauca, decenas de indígenas han sido desplazados. Allí, el ejército y la guerrilla ocuparon viviendas y parcelas de unos 100 miembros de la comunidad, así como escuelas y lugares públicos. Ante estos hechos, los pobladores de Miranda marcharon para exigir la desocupación de su territorio. La respuesta fue brutal. El ejército arremetió contra la población matando a una persona e hiriendo a varias más, entre las que se encontraban niños y ancianos. Entonces la población decidió sacar por la fuerza a los grupos armados, pero los militares arguyeron que mientras la guerrilla esté en ese territorio ellos seguirán allí, pues “no hay un lugar en Colombia donde ellos no puedan estar”.
La expulsión de grupos armados del territorio de Miranda y de Toribío ha provocado amenazas contra las autoridades indígenas. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca exigió al Estado colombiano protección para dos de sus líderes, Feliciano Valencia, vocero de la asociación, y Luis Acosta, dirigente de la Guardia Indígena, quienes fueron amenazados de muerte. Los nasa relacionan las amenazas con una campaña mediática y de gobierno en la que “se ha buscado desprestigiar y estigmatizar la defensa del territorio” por medio de señalamientos absurdos, como la pertenencia de Valencia a la guerrilla.
Tras los ataques a las bases militares del Estado y de las FARC, los indígenas del Cauca han acudido a mesas de diálogo con el gobierno para intentar resolver la problemática. Dentro de las exigencias básicas de los nasa está la no estigmatización de su población, a quienes los medios de comunicación han acusado de pertenecer a las FARC; la desmilitarización de sus territorios; la dignificación de sus condiciones de vida y que nos sean procesados penalmente quienes participaron en el desalojo de militares del cerro Berlín en Toribío. Aunque el gobierno colombiano ha declarado estar “abierto al diálogo y a la negociación” su respuesta fue que la judicialización de quienes participaron en el desalojo es “asunto de la Fiscalía” y dejó claro que no retirará al ejército de ningún punto del país.
Sin embargo, los nasa están decididos a no dar ni un paso atrás en la desmilitarización de su territorio. A pesar de la información manipulada con la que los medios de comunicación intentan criminalizar la legítima acción de recuperación de lugares sagrados llevada a cabo por los pobladores originarios del Cauca, acusándolos de ser guerrilleros, éstos se declaran en resistencia y asamblea permanente. Saben que los asiste la razón y una Constitución que reconoce la autonomía de su pueblo y el derecho a gobernarse bajo sus propias normas.
Marcela Salas Cassani