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Niega haber participado en la llamada Noche del apagón

Comparece el empresario argentino Blaquier por crímenes en la dictadura
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 11 de agosto de 2012, p. 23

Buenos Aires, 10 de agosto. Uno de los hombres más poderosos del país, el empresario Carlos Pedro Blaquier, no pudo eludir la justicia y fue investigado por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976-1983) en el ingenio Ledesma, en el juicio por más de 30 secuestros, torturas y la desaparición de seis líderes sindicales de esa empresa, que se realiza en la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste del país.

Blaquier negó los cargos cuando declaró por teleconferencia ante la justicia federal como acusado de ser responsable de la desaparición del ex intendente y médico Luis Aredez y de los plagiados que sucedieron la llamada Noche del apagón (julio de 1976), cuando cortaron la luz para permitir una operación policial y militar, en la que fueron allanadas casas y secuestradas varias personas, lo que dejó saldo de varias desapariciones forzadas de trabajadores del ingenio.

Aunque muy breve, su declaración es símbolo de que la justicia está llegando a los lugares más lejanos y a los responsables civiles de los crímenes de la pasada dictadura.

Es la primera ocasión que se ve en el banquillo de los acusados a un empresario intocable, quien tiene una relación feudal con sus empleados y la población de esa provincia.

El cartel que anuncia la entrada a la población Libertador General San Martín, sede del ingenio, dice: Pueblo Ledesma, prohibida la entrada. Propiedad privada, en pleno siglo XXI.

Aunque Blaquier negó conocer al ministro de Economía de la dictadura, Miguel Martínez, entre las pruebas figura una carta muy amistosa que intercambió con él y fotos en las que aparecen juntos.

También negó lo que afirman testigos y un imputado: que los secuestrados fueron transportados en vehículos de la empresa por gendarmes. Cuando el fiscal le preguntó si recordaba haber hecho gestiones para los trabajadores, respondió que ninguna.

No pudo dejar de aceptar que había contratado como gerente de relaciones humanas al ex comandante en jefe de la fuerza aérea, Teodoro Adolfo Álvarez. Este brigadier retirado fue reconocido por el único dirigente gremial que sobrevivió, Hugo Condorí, como quien representaba a la compañía en las reuniones con el sindicato y quien tenía la lista de empleados. Es sospechoso de señalar a las víctimas ante los dictadores y tampoco es imposible negar su relación con la gendarmería y militares.

Una gran movilización de grupos de derechos humanos y sociales acompañó a los familiares de las víctimas durante la declaración.

En julio pasado el pueblo jujeño salió a la calles masivamente cuando se realizó una manifestación para recordar la Noche del apagón, encabezada por el premio nobel Adolfo Pérez Esquivel y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo.

En días recientes se denunciaron amenazas contra los manifestantes. El diputado Horacio Pietragalla condenó la desaparición de un enorme cartel que decía Ingenio Ledesma, acá se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, colocado el 11 de julio por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

También fue denunciado que desde la dirección de la empresa se hizo llegar la advertencia de que ésta puede ser cerrada, dejando a todo un pueblo sin trabajo.

Asimismo, como medida de castigo la empresa ordenó el traspaso de terrenos cedidos a la Escuela de Artes, donde se realizan los actos contra la impunidad. Los familiares de Aredez han solicitado que la justicia cite a declarar al actual vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Federico Nicholson; Óscar Henry Peverilli, ambos integrantes del directorio de Ledesma durante la dictadura, y a Nelly Arrieta de Blaquier, la poderosa dueña del ingenio.

Por otra parte, una investigación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) acumula pruebas sobre un entramado cívico-militar, entre la División Bancos de la Policía Federal, el banco central y la CNV durante la dictadura. El objetivo era liquidar compañías, bancos y extorsionar empresarios. La CNV indaga el rol del banco central en la dictadura, y Alejandro Reynal fue uno de sus vicepresidentes señala el periodista Sebastián Premici.