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Analizará 28 solicitudes de amparo sobre juicios contra soldados

Acotación del fuero militar y el caso de Cassez, entre los temas que verá la Corte
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de agosto de 2012, p. 16

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó su segundo periodo ordinario de sesiones de este año y a partir del próximo lunes empezará el análisis de 28 juicios de amparo, en los que se solicita que los casos que se encuentran en el ámbito militar sean trasladados a la justicia civil, y de esa manera el máximo tribunal del país podría acotar el fuero militar.

En las próximas semanas, los ministros deberán resolver el caso de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el secuestro de tres personas, ya que en este asunto se determinará si se le reduce la condena, porque durante su detención los elementos de la Agencia Federal de Investigación violaron sus garantías individuales.

Las solicitudes de amparo contra el fuero militar están en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero y de su homólogo Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en ellas se discutirán por lo menos ocho casos relacionados con jueces castrenses adscritos a la primera y la tercera regiones militares, con sedes en la ciudad de México y Sinaloa, respectivamente.

Ayer, ante el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, el ministro José Fernando Franco González Salas, quien integró la Comisión de Receso, en coordinación con su homólogo Sergio Valls Hernández, informó sobre las actividades realizadas del 16 al 31 de julio pasado, periodo en el cual el tribunal recibió 151 expedientes, de los cuales 137 se remitieron a la Subsecretaría General de Acuerdos y 14 a la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Además se recibieron mil 505 promociones, 126 de éstas correspondientes a la primera sala, 122 a la segunda, mil 90 a la Subsecretaría General de Acuerdos, seis a la Secretaría General de Acuerdos, 105 a la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y 56 al área de transparencia y acceso a la información.