n la revisión de la prensa al día siguiente de los comicios, me encontré con la frase de Roosevelt. El azar suplía con creces al propósito y me ofrecía, en síntesis, el alma de lo que han sido, hasta la elección que culminó el primero de julio, las campañas electorales en México: la oportunidad para que el dinero organizado determine, no los resultados reales de la elección, sino el gobierno que sus dueños desean como representante inmediato de sus intereses. Así que haiga de ser como haiga de ser, según la expresión de un ciberopinante.

En el escueto discurso de Andrés Manuel López Obrador, la noche del pasado domingo, está la palabra clave de las campañas electorales. En ellas campeó la inequidad; pero no sólo, también conductas que oscurecieron el panorama hablado de la madurez y consolidación de la democracia mediante las elecciones ofrecido el primero de julio por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Hay que decirlo con el cincel en la mano: no hay democracia cuando es el dinero el que compra las elecciones. Los del primero de julio fueron eso, unos comicios comprados a través de múltiples conductos y agentes ligados por la corrupción.

Pero nada es fatal, como algunos quisieran. Una mujer muestra una pancarta que dice Voto comprado, voto anulado. Forma parte de los cientos de indignados ciudadanos que se manifestaron en Salinas Victoria y Ciénega de Flores, dos municipios de Nuevo León, en contra de la compra de sufragios, robo y manipulación de credenciales de elector, despidos de la actual administración priísta por apoyar a otros partidos y amenazas de individuos armados para que votaran por los candidatos del PRI. Fraude, fue su grito reiterado. Un fraude que, entre otros lugares, se puede consultar en defensadelvoto.mx, obra del regiomontano Jesús Ibarra Salazar, autor de Haiga sido como haiga sido.

Pocos pero significativos ejemplos dan cuenta de cómo los gobiernos locales del PRI fueron una de las fuentes importantes de su financiamiento electoral. En Coahuila, Humberto Moreira, quien fue su gobernador y, no de gratis, el primer coordinador de la campaña de Peña Nieto, endeudó sin medida a su estado al grado que hoy sus habitantes y quienes se paren a consumir en su territorio deben pagar por esa deuda, cuyo destino es aún opaco, una gabela de 3 por ciento adicional a 16 por ciento del IVA.

En Tamaulipas se les sigue causa a sus tres últimos ex gobernadores por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, actos de corrupción y/o nexos con el narcotráfico. ¿No cooperaron esos funcionarios con recursos públicos para la candidatura de Peña Nieto?

Los electores de esos dos estados, agraviados por la corrupción y despojo de sus gobernantes y asolados por las bandas criminales, ¿optó en su mayoría por el autoflagelo, según el mapa oficial de las elecciones del primero de julio?

Con una cultura bipartidista, que apenas en estas elecciones fue matizada por una mayor presencia de los partidos identificados con el movimiento encabezado por AMLO, en Nuevo León la votación fue de castigo al PRI. Justamente por actos que hoy se sabe se repitieron en todo el país. En el charco del descontento con el gobierno local cayó como una gran piedra la información dada a conocer el sábado 30 por El Norte sobre una nómina oculta dependiente de la secretaría general de Gobierno, donde cobraba una red de individuos por realizar actividades en favor de Peña Nieto y otros candidatos priístas. La dependencia negó la información, pero uno de los llamados operadores de la red se encargó de difundirla vía Facebook y allí menciona el origen y los destinos de los apoyos: (“Yo creo que el apoyito que me da mi gobierno es para apoyar a Rodrigo p’al compromiso que tiene con Peña Nieto.”).

En el estado de México, Arturo Montiel, antecesor de Peña Nieto, fue defenestrado por el escándalo que produjo su colosal enriquecimiento ilícito. Y el propio gobierno de Peña dispuso de una partida de más de 32 mil millones de pesos provenientes de recursos adicionales de la Federación sin la autorización del Congreso del estado y fue incapaz de justificar un monto de más de 13 mil millones de pesos, como lo documenta fehaciente y minuciosamente José Guadalupe Luna Hernández en su libro Información programática y rendición de cuentas. Claves para entender el uso indebido de los recursos públicos en el gobierno de Peña Nieto. ¿Nada tuvo que ver el desbordamiento del tope financiero de campaña del candidato priísta con esos ahorritos?

Andrés Manuel López Obrador faltaría a su compromiso con quienes votaron por él –me parece, desde luego, que fue la mayoría– si no impugnara la elección del primero de julio. Sus adversarios quisieran ver en él a un político del corte de Josefina Vázquez Mota o Gabriel Quadri, ambos darlings de los seguidores de Peña Nieto. Pero no es un individuo el agraviado, sino que somos más de 15 millones los que exigimos que el largo Termidor mexicano no concluya en otro golpe de Estado disfrazado de errores lamentables pero parchables con multas administrativas o regaños a los que mal se portaron (Fox, el principal, ahora convertido en vil mercenario), como ocurrió hace seis años.

Estar gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como estarlo por el crimen organizado.

Franklin D. Roosevelt.