 Fotos: Agustín Jimémez. Sin título. De la filmación de ¡Qué viva México!, 1931 |
Persisten los gobiernos panistas en saquear recursos de los yaqui yoreme
Marcela Salas Cassani
La construcción del acueducto Independencia, que desviaría con fines comerciales el agua del río Yaqui, continúa amenazando la producción agrícola de la zona y la subsistencia misma de la tribu yaqui, ancestral y combativo pueblo originario asentado en Sonora, al norte de México.
En el Valle del Yaqui, un territorio que pertenece a la tribu desde hace tres mil años, los gobiernos estatal y federal pretenden arrebatar el agua para llenar una presa industrial en la ciudad de Hermosillo.
Tras meses de litigios, un nuevo amparo que ordena la detención de la construcción del acueducto —proyecto principal del programa Sonora Sistema Integral, promovido por el gobernador panista, Guillermo Padrés Elías— fue concedido a la nación yaqui.
El documento declara nula la emisión del manifiesto de impacto ambiental, dictamen que obliga frenar de inmediato la obra con la que se pretende desviar agua de la presa El Novillo hacia la capital del estado, y abre la opción de demandar penalmente a las autoridades de la región por desacato a una orden judicial en caso de que los trabajos del acueducto sigan adelante.
Sin embargo, autoridades tradicionales de la tribu alertan sobre la posibilidad de que el gobernador de la entidad continúe con las obras a pesar del ordenamiento judicial, tal como lo hizo el año pasado cuando una jueza dictaminó la ilegalidad de la obra y por ende, su suspensión.
En entrevista con Ojarasca, Mario Luna, representante de la nación yaqui, dijo que “esta resolución juega a favor de la tribu porque ordena anular el manifiesto de impacto ambiental y los trabajos que se ejecuten basándose en ese manifiesto”.
La intención del gobierno de Sonora es desviar anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca sagrada del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo. “El agua no será para uso doméstico, sino para llenar una presa en la zona industrial, donde se encuentran empresas como Ford, Big Cola, Apasco, y donde se instalará la cervecera Heineken”, detalla Mario Luna.
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Este proyecto ha puesto a la tribu yaqui y a todos los habitantes del valle en una situación crítica. De las 90 mil hectáreas aptas para el cultivo en la región, sólo 17 mil están sembradas por falta de recursos hídricos.
Para defender su agua, su autonomía y el derecho a decidir su destino, el pueblo yaqui siguió los conductos legales que marca la Constitución y obtuvo una medida cautelar preventiva a favor de la demanda de restitución de aguas otorgada por el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón que prohíbe “el desvío de caudales de cualquier índole fuera de la cuenca del río Yaqui”, así como un amparo contra la licitación del acueducto que ordena parar las obras, otorgado por un juzgado de distrito a los productores agrícolas del Valle del Yaqui y ratificado por un tribunal colegiado.
Con el nuevo triunfo legal de los yaquis —la emisión de un amparo que declara nula la emisión de impacto ambiental— “ya no existe posibilidad para el gobierno de seguir con una obra que atenta contra la vida comunal y contra la existencia misma de nuestro pueblo”, dijeron representantes de las autoridades tradicionales a Ojarasca.
“Si se aplica la Constitución, debe detenerse la construcción. En caso de que no sea así, tenemos elementos jurídicos suficientes para demandar penalmente a las personas que están incumpliendo el ordenamiento judicial. Ése sería el siguiente paso, realizar las demandas penales que resulten de este amparo y también emprender acciones de resistencia civil”.
A pesar de las disposiciones judiciales, la construcción del acueducto Independencia —que costará casi cuatro mil millones de pesos— continúa. Y apenas semanas atrás fue irresponsablemente celebrada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa al enunciar un respaldo anticonstitucional a su correligionario Padrés Elías. “La obra avanza, pero es totalmente reversible según lo dicta el amparo producto del juicio agrario de restitución de agua. Aunque el cien por ciento del acueducto esté listo no podrán disponer de las aguas. La obra es un gasto innecesario”.
En septiembre del año pasado, la tribu yaqui realizó acciones de resistencia en protesta por la construcción del acueducto, que incluyeron bloqueos intermitentes en la carretera internacional México-Nogales y que provocaron un cerco militar y policiaco alrededor de Vícam Pueblo.
Tras la nueva sentencia judicial, las autoridades tradicionales planean más protestas para difundir su lucha por la defensa del agua, entre las que se encuentra un acto frente al “monumento al tubo”, un tubo de acrílico colocado sobre una base de concreto en la avenida Rosales, en Hermosillo, con el que Guillermo Padrés “celebra la llegada del líquido a la capital a través del Acueducto Independencia”.
Representantes de la tribu, aseguraron a Ojarasca que no se dejarán amedrentar con los intentos del gobierno federal para desarticular su lucha. “El fin de semana pasado el presidente Felipe Calderón organizó una ‘encerrona’ con autoridades yaquis, a quienes les ‘prometió’ resolver los problemas del agua y de la tierra, pero nosotros sabemos que son puras mentiras. Su palabra es jurídicamente improcedente”.