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La compraventa irregular de enormes terrenos fue uno de sus principales negocios

Documentan los vínculos de Tomás Yarrington y el empresario Cano Martínez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de junio de 2012, p. 17

Ciudad Victoria, Tamps., 5 de junio. La relación del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba y el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez se fortaleció cuando el ex mandatario ocupó la dirigencia estatal del tricolor. Para entonces su socio era uno de los empresarios a quienes el PRI recurría para financiar sus campañas.

En los años posteriores a 1997 Yarrington y Cano formaron una sociedad para adquirir miles de hectáreas en el puerto de Altamira y otras tantas en la playa Miramar de Ciudad Madero. En la cabecera municipal de Altamira y en la capital del estado proyectaron desarrollos, el de Ciudad Victoria, superior a las 400 hectáreas ubicadas en la zona residencial.

Sus primeros negocios tuvieron lugar en el puerto Industrial de Altamira, en terrenos que pertenecieron a los ejidos La Pedrera, Altamira, Armenta, Ricardo Flores Magón, Medrano, Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, los cuales fueron expropiados entre 1981 y 1996 por causa de utilidad pública por el gobierno federal para la creación del puerto más importante en inversión de petroquímica. A la fecha, sus propietarios originales no han cobrado su indemnización, a pesar de haber ganado un amparo de la justicia federal.

Por decreto del Congreso local en 2002, a iniciativa de Yarrington Ruvalcaba en calidad de gobernador, y ante la férrea oposición de los partidos contrarios al PRI, se aprobó la venta de mil 600 hectáreas a Fernando Cano, que fueron parte de las expropiaciones del gobierno federal para la creación del puerto Industrial de Altamira.

La venta de las mil 600 hectáreas se hizo a nombre de la sociedad mercantil denominada Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, de la cual es propietario Fernando Cano Martínez. Como parte vendedora figuró el fideicomiso Nuevo Santander, creado en 1990, durante el gobierno de Américo Villarreal Guerra, al cual la figura legal del puerto de Altamira le había transferido los terrenos del puerto sin estar en Altamira, sino en la capital, y pues es un parque industrial de Ciudad Victoria.

Los legisladores locales panistas de aquel tiempo, entre otros Luis Alonso Mejía García, pero sobre todo la entonces regidora de Acción Nacional en el ayuntamiento de Altamira, Silvia Leticia Cacho Tamez, denunciaron que se trataba de un fraude del entonces gobernante y del empresario.

Se impuso la mayoría priísta, encabezada por Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para favorecer la venta. Esas gestiones le sirvieron para dar el salto al gobierno siguiente de Eugenio Hernández Flores, en el que desempeñó el puesto de procurador y luego fundó un instituto de investigación.

Cada metro cuadrado de la compra en el puerto de Altamira se cotizó en 0.87 centavos, por lo que Cano Martínez pagó la cantidad de 14 millones de pesos. Los opositores, tanto legisladores como la regidora, argumentaban que el valor real de las mil 600 hectáreas era superior a 3 mil 200 millones de pesos, pero los funcionarios estatales, municipales y los propios legisladores, sin coacción alguna, accedieron al trámite.

Desde entonces tanto el legislador Mejía como la regidora Cacho aseguraban, aunque no tenían evidencias, que Yarrington y Cano era socios y que este último prestaba el nombre al entonces mandatario para traficar con los bienes del estado.

La operación de compraventa se realizó a través de la notaria pública 187 de Ciudad Victoria, cuya titular es Amalia Cano Garza, familiar de Fernando Alejandro, ambos originarios del municipio de Burgos. La notaria actualmente es magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo que recibió durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores.

Otra compra no menos importante, la cual se localiza en una área de reserva, actualmente en pleno crecimiento comercial, son 78 hectáreas que se ubican en la ciudad de Altamira, frente a la laguna de Champayan. También era propiedad de la desaparecida Duport (Desarrollo Urbano Portuario), presidida en ese tiempo por Oscar Lacio González, quien actualmente es suplente del candidato del PRI a diputado federal por el distrito 7, con cabecera en Ciudad Madero, Sergio Posadas Lara, y distrito al cual pertenece el municipio de Altamira.

El entonces presidente municipal de Altamira Sergio Carrillo Estrada –difunto– era hermano de Pedro Carrillo Estrada, actual presidente municipal de Altamira y padre de la legisladora local Griselda Carrillo Reyes.

Las 78 hectáreas de referencia se ubican junto a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y un complejo comercial; fueron cotizadas en 35 millones de pesos. Cano dio un enganche de 10 millones de pesos y el resto lo pagó en abonos.

Entre sus padrinos, además de Yarrington, destaca el entonces subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manuel Rodríguez, quien desempeña el cargo de Secretario de Obras Pública en el actual gobierno priísta de Egidio Torre Cantú, quien sustituyo a Rodolfo Torre Cantú, asesinado el 28 de junio del 2010.