En nombre de todas las fracciones legislativas representadas en el Congreso de la Unión (salvo del Partido Acción Nacional), diputados y senadores expusieron frente al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, la protesta del Poder Legislativo por el atropello del presidente Felipe Calderón contra los representantes populares.

El jueves, ante los banqueros del país, el mandatario acusó al Poder Legislativo de tener secuestradas las reformas estructurales que darían mayor crecimiento a la economía nacional.

Es unánime nuestra crítica, rechazo y protesta por esta recurrencia del Presidente de la República a un expediente que debiera olvidar. La repartición de culpas es señal de incompetencia, advirtió el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“No podemos estar de acuerdo –añadió– en lo que al presidente Calderón se le ocurre que es prioridad; no tenemos que recurrir obedientes a esos caprichos.”

Un grupo de legisladores acudió ayer a Gobernación para conocer los pormenores del proyecto de reglamento de la ley de migración, cuya entrada en vigor acusa un retraso de seis meses.

Tanto en Bucareli como en el Senado, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manifestaron que de 32 iniciativas que les envió el jefe del Ejecutivo fueron aprobadas 27, es decir, 84 por ciento, así como los paquetes económicos 2010, 2011 y 2012.

Quien tiene secuestradas las leyes es el Ejecutivo, no el Legislativo. El propio secretario de Gobernación reconoció que el reglamento de la ley de migración tiene un retraso significativo; qué decir también de las leyes de víctimas, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, subrayó Thelma Guajardo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Santiago Ramírez lamentó que acudan a Gobernación a tratar temas prioritarios y nos desayunamos con los improntos del Presidente. Eso sí que obedece a una coyuntura política y es lo que tiene al país metido en problemas. Me parece que no es una manera republicana de tratar los asuntos.

El diputado Carlos Flores Rico (PRI) expresó que el encuentro con Alejandro Poiré fue muy civilizado, muy amigable, y en ese ambiente los legisladores dejaron en claro que no son admisibles las expresiones de Calderón.

El senador Francisco Arroyo (PRI) aseveró que lo expresado por Felipe Calderón es una falacia, porque en los últimos seis años hemos legislado como si tuviéramos el país en llamas.

Explicó que no aprobaron la reforma laboral, porque la propuesta del gobierno federal afecta conquistas históricas de los trabajadores y no hace corresponsables a los patrones. Tampoco avalamos la privatización de Petróleos Mexicanos que Calderón Hinojosa pretendía.

El senador Francisco Labastida (PRI) subrayó que modificaron muchas iniciativas que el Ejecutivo mandó al Congreso para hacerlas viables.

De 45 proyectos de ley que que hizo llegar al Senado se aprobaron 38, fundamentalmente en materia de seguridad y fiscal, y sólo quedaron fuera las que violentan los derechos humanos o pretendían avanzar hacia un Estado policiaco.

Arroyo, vicepresidente de la Comisión Permanente, consideró que los reclamos de Felipe Calderón están fuera de tiempo y reflejan un estado de ánimo común de quienes están próximos a dejar el poder. Con todo respeto, le recomendaría que asuma que su sexenio está por concluir.