Nueve años de resistencia contra

La Presa La Parota,

En Guerrero

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (cecop) reafirmó “su decisión de seguir defendiendo la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad y, sobre todo, la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Nuestra lucha sigue y seguirá firme hasta lograr la cancelación definitiva de la presa”.

El cecop afirma: “Hemos obtenido triunfos estratégicos. El más importante es haber impedido en estos nueve años de lucha la construcción de la presa, que afectaría irreversiblemente el entorno ecológico y el tejido social. El 28 de julio de 2003 expulsamos de nuestro territorio a la Comisión Federal de Electricidad (cfe), promovente de la presa; sin embargo, contra la voluntad de los pueblos, el gobierno insiste en el proyecto, lo que se traduce en una violación permanente a nuestros derechos.  Denunciamos la violencia de Estado y la represión de que hemos sido objeto”.

En su comunicado el cecop hace un recuento de los sucesos más importantes durante sus nueve años de resistencia. “El año 2005 concentró la mayor violencia en el conflicto. La represión sistemática de la cfe y el gobierno del estado de Guerrero destruyeron el tejido social en las comunidades por la utilización de la fuerza policiaca, por sus acciones y métodos ilegales, por la repartición de dinero a los viejos líderes corruptos y por la impunidad con la que se cobijan. Los dueños de la tierra somos los campesinos, haremos valer nuestros derechos  comunales y ejidales”.

Tres opositores a la presa fueron asesinados: Tomás Cruz Zamora (2005), Eduardo Maya Manrique (2006, apedreado y apaleado por vecinos afines a la presa, y Benito Cruz Jacinto (2007), quien había enfrentado en días anteriores a campesinos armados, promotores del proyecto.

Los opositores también han enfrentado órdenes de aprehensión basadas en delitos fabricados y encarcelamientos a miembros del cecop, que fueron liberados por las movilizaciones de la comunidad. Dos de ellos, aún liberados, “quedaron sujetos a juicio y obligados a firmar cada ocho días en el reclusorio durante cuatro años”.

Uno de los aspectos más insidiosos del embate de la cfe y el gobierno estatal ha sido la celebración de asambleas fraudulentas, con firmas falsificadas hasta de gente fallecida, mientras la policía impedía el paso a los opositores a la presa. Esto quebranta la “legalidad agraria y las leyes ambientales mexicanas”.

Un momento álgido ocurrió el 14 de agosto de 2005, cuando los líderes priístas corruptos de la Confederación Nacional Campesina, con financiamiento ilegal de la cfe y el apoyo de mil 300 policías, realizaron en Campanario —la comunidad más alejada de Cacahuatepec— una asamblea general con ostentación desmedida para obtener el permiso del núcleo agrario e iniciar el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. La represión policiaca propició un enfrentamiento con más de 5 mil campesinos opositores, lo que impidió la realización de la asamblea.

En noviembre y fines de diciembre de 2005 cundieron las asambleas amañadas con operativos policiacos en Dos Arroyos, en Los Huajes, Los Arroyos y Tierra Colorada. “El 27 de diciembre repitieron la operación en Los Huajes. suplantando a los ejidatarios con falsas cartas poder. Las autoridades agrarias, respaldadas por los gobiernos federal, estatal y municipal dieron por válidas todas las asambleas fraudulentas”.

No obstante, el Tribunal Agrario con sede en Acapulco, declaró nulas las cinco asambleas espurias. “Con las Sentencias de nulidad quedó al descubierto la ilegalidad con que los gobiernos federal y estatal pretendieron obtener el permiso de los núcleos agrarios para iniciar el proyecto La Parota”. Tras nuevos intentos y otra sentencia de nulidad de las asambleas espurias, el proceso de oposición a La Parota salió fortalecido. La gente sabe que la cfe y el gobierno siguen empeñados, pero las comunidades y ejidos de la región mantienen su determinación de que nunca se hará la presa 

Ojarasca