as desapariciones en México tienen un largo historial: desde la documentada el 19 de mayo de 1969, contra Epifanio Avilés Rojas, pasando por la primera que registra Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) contra Daniel Cantú Iris, el 21 de febrero de 2007, hasta la de cinco personas sordas el 23 de febrero pasado, en un crucero de Piedras Negras, Coahuila. Si en México hubo una guerra sucia, ésta no ha terminado. La diferencia es que hace 40 años las víctimas resistían a un régimen que las veía como enemigas, y ahora el enemigo es cualquiera.

Otra diferencia es que la virulencia se elevó exponencialmente: en Coahuila, hemos documentado 230 casos, por ejemplo. En lo que podemos llamar la primera parte de esa guerra, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado refirió en su informe –aún sin publicar– ¡que no vuelva a suceder!: un total de 797 denuncias por presunta desaparición forzada. A finales de enero de 2011, La Jornada publicó información extraoficial de la Sedena sobre 18 mil 491 reportes de levantones (2 mil 200 por ciento más, en solo cinco años). En prácticamente todos los casos la constante son la impunidad y la indolencia generalizada del Estado, tanto en las desapariciones antiguas, como en esta segunda era de la guerra sucia, contra quienes habitamos esta suerte de Triángulo de las Bermudas.

En ese contexto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias hizo una afirmación tajante, entre varias: Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas. Con el informe, el sistema de Naciones Unidas hace una aseveración apenas justa ante el drama que viven miles de familias volcadas por todo el país. Cualquiera de las dos hipótesis es extremadamente grave y muestra el apremio que abate a la nación entera: tomar la acción directa en un tema que sobrepasa los umbrales del terror y fuerza los límites de la propia comprensión humana.

Como si se tratara de un perfil genéticamente determinado, las autoridades de todos los niveles muestran una recurrencia que explica 98.5 por ciento de impunidad (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2011): no hay protocolos de prevención, reacción inmediata, búsqueda de personas vivas, sistematización de datos, atención digna a las familias, ni de sus necesidades una vez iniciada la pesadilla. Encima, las familias deben enfrentar el estigma sobre sus desaparecidos: ¿en qué andarían, madrecita?. Províctimas, la joya calderonista, se ha sumado a la larga lista de ineficiencias y barreras para que las familias accedan a derechos básicos como la representación jurídica ante esa misma instancia.

Junto con el movimiento nacional de víctimas, Fundem participó en los pretendidos diálogos con el gobierno federal, sólo para constatar una conclusión demoledora: la misma cerrazón del primer Ministerio Público es la que caracteriza a los últimos servidores públicos convocados: el presidente de la República, el secretario de Gobernación y la procuradora General de la República, quienes dieron manotazo o carpetazo a todos los asuntos planteados por Fundem. No fue atendida ninguna de nuestras demandas, no fuimos consultados para ninguna de sus leyes para proteger los derechos de las víctimas o los de sus familias y, lo más grave, se falló a la palabra empeñada el 23 de junio de 2011, en lo que fue la última oportunidad de la actual administración para detener su absurda estrategia de balazos contra la delincuencia organizada.

Por ello, considerando desde la primera hasta la última de las desapariciones, los días 9, 10 y 11 de mayo las madres de Fundem se movilizarán a la ciudad de México desde todos los rincones del país para dirigirse nuevamente a los primeros responsables de la estrategia de combate a la delincuencia organizada que amenaza con cerrar en 100 mil las víctimas directas, entre ejecuciones y desapariciones. Dejarán en claro que la autoridad nada hizo por la justicia, por la verdad, ni por dar con el paradero de ninguna de las personas desaparecidas; que no cumplieron ni hicieron cumplir la Constitución y que ahora la nación –por voz de las madres– se los demandará. Ellos dejarán en breve sus altos cargos, pero la responsabilidad moral, política y jurídica les son inherentes, como esos hijos e hijas lo son para aquellas madres.

La construcción que va surgiendo de la acción civil y la solidaridad será determinante para que el horror se detenga, pues ya no se trata de cambiar una o dos leyes, sino toda la estructura del Estado, para estar en condiciones de hallarlos y hacer justicia. Del Estado demandamos justicia y de la ciudadanía, solidaridad.

*Asesor de Fundem