Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia advirtieron que de aprobarse en los términos actuales la iniciativa de Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez que se discute en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, se condenará a ese sector de la población a condiciones iguales o peores de desprotección e incluso de criminalización de las familias con menores recursos, toda vez que establece la prohibición del trabajo infantil hasta los 14 años sin dar alternativas para que dejen de hacerlo.

Asimismo, el capítulo decimoprimero de la misma señala sanciones económicas –por conducto de las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia en los estados–, las cuales, se presume, serían aplicables a las familias más pobres que se ven en la necesidad de que sus hijos estén inmersos en dinámicas económicas para sobrevivir, señalaron en conferencia de prensa.

Representantes de organizaciones que conforman la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) coincidieron en señalar que el carácter general de la propuesta, promovida por la diputada del Partido Revolucionario Institucional Yolanda de la Torre (también presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables), da pie a numerosos vacíos e interpretaciones, y lamentaron que no se hubiera incluido a las organizaciones en su elaboración. El hecho de que no esté establecido cómo y quiénes tienen responsabilidad, abre la posibilidad a cualquier interpretación, como en el caso de las sanciones, explicó Juan Martín Pérez García, director de la Remid.

Una de las grandes omisiones del proyecto es lo referente a salud sexual y reproductiva para esa población, a pesar de que 6 por ciento de las adolescentes de 15 a 17 años de edad ya es madre, fenómeno en aumento en los recientes cinco años, y eso tendría que ser motivo de preocupación, apuntó el defensor.

Otro vacío se da en el capítulo cuatro, de las responsabilidades, que no refiere un catálogo concreto de obligaciones puntuales ni su regulación por poderes locales o federales.

En el octavo apartado, relativo a un servicio nacional de información sobre la niñez, no se dice cómo se conformará ni la forma en que le será otorgado el presupuesto.

La iniciativa tampoco enuncia en qué consistirán las funciones del Sistema Nacional para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez ni cómo sería la coordinación entre las diferentes instituciones que se enuncian como integrantes del mismo, según indica el capítulo sexto.

Los activistas dijeron que se trata de una ley improvisada, por lo que llamaron a los legisladores a sostener un debate que incluya a organizaciones civiles y especialistas en el tema antes de aprobarla. De no existir condiciones para ello, llaman a posponer su aprobación hasta la siguiente legislatura.

Pidieron a los candidatos a la Presidencia manifestar su propuestas para 39 millones de menores que hay en el país, que representa 36 por ciento de la población.