Madrid, 3 de abril. Aitzol Gogorza, un miembro de la organización separatista vasca ETA que cumple condena en una prisión de Sevilla, será trasladado el próximo viernes a una cárcel del País Vasco, en aplicación de la política penitenciaria ya que sufre una grave enfermedad síquica.

Gogorza será el primer preso etarra que gozará de esta medida desde que asumió el poder el derechista Partido Popular (PP), que hasta ahora se ha mostrado reacio a sentarse a dialogar de cara a una futura pacificación definitiva del histórico conflicto vasco.

Desde que ETA decretó el pasado 20 de octubre el cese definitivo de la violencia, tanto los partidos políticos independentistas del País Vasco como los agentes sociales y los intermediarios en el proceso de paz han reclamado un gesto del Estado español, sobre todo en materia de política penitenciaria, hasta la fecha regida por la dispersión de los presos de ETA.

En las postrimerías del anterior gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, no se realizó ningún tipo de acercamiento ni de medida de gracia, a la espera de que las urnas eligieran a un nuevo gobierno.

ETA tiene más de 250 presos encerrados en Francia y España, de los cuales 15 sufren enfermedades tipificadas como graves, lo que conlleva, según la legislación, medidas de gracia, como el cumplir condena en una cárcel lo más próxima a su familia y su lugar de origen.

Los otros presos que se encuentran en esta situación y que aún no han sido trasladados son Txus Martín, José Miguel Etxeandia, José Mari Pérez, Isidro Garalde, Josetxo Arizkuren, José Ramón López de Abetxuko, Iñaki Erro, Gotzone López de Luzuriaga, José Ángel Biguri, Josu Uribetxeberria, Garikoitz Arruarte, Jesús Mari Mendinueta, Inma Berriozabal e Iñaki Etxebarria. Sus padecimientos van desde cardiopatías graves hasta enfermedades síquicas y reumatológicas.

En tanto, los abogados del colectivo de presos de ETA expresaron su malestar con la ambigüedad de la doctrina del Tribunal Constitucional con relación al cumplimiento de las condenas de sus defendidos, que en algunos casos se autoriza la integridad de la pena y en otros no.