Mazatlán, Sin., 3 de abril. El gobierno de Sinaloa presentó una denuncia ante la Unidad de Transparencia y rendición de cuentas del estado para que indague el faltante de 17 millones de pesos de un fideicomiso de 250 millones de pesos creado para finiquitar las indemnizaciones a los afectados por la presa Picachos durante el último año de la administración del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla, confirmó el subsecretario de Gobierno estatal, Jesús Antonio Marcial Liparoli.

El funcionario explicó que al revisarse el padrón de pagos entregados a las 800 familias de los seis pueblos afectados por la edificación de la presa, no encontraron documentos ni pólizas que amparen los 17 millones de pesos.

Marcial Liparoli precisó que desde 2006 el gobierno de Sinaloa ha gastado 853 millones 568 mil 616 pesos en las familias de desplazados, de los cuales 687 millones 356 mil 319 pesos fueron en pago de indemnizaciones y 166 millones 212 mil 297 pesos en obras de infraestructura.

Dijo que entre los pagos hechos a las 800 familias están: por indemnizaciones de casas, 365 millones 212 mil 712 pesos; compensaciones a parcelas, 64 millones 175 mil 928 pesos; apoyos sociales 147 millones 40 mil 575 pesos; uso común comunidad Potrero de Las Tetas, 5 millones 116 mil 700 pesos; apoyos solidarios, 24 millones 635 mil pesos; apoyo por ampliación de vivienda, 23 millones 190 mil pesos; apoyo a panteones, 7 millones 908 mil pesos.

Marcial Liparoli adelantó que acudirán a las comunidades para que los afectados informen cuáles son sus exigencias y dudas que tienen para contactar el padrón de las cantidades que se les han entregado. Agregó que no se trata de hacer a un lado a los líderes (uno de ellos Atilano Román, preso por obstruir las vías de comunicación el domingo pasado tras una manifestación y posterior desalojo cuando se dirigían de Mazatlán a Culiacán).

En Culiacán, el gobernador Mario López Valdez, Malova, se reunió con los comuneros que sostienen un plantón en la Unidad Administrativa, donde se comprometió a gestionar ante las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado para que liberen a las personas detenidas por el operativo del domingo pasado, en el que fueron desalojados y aprehendidos 110 manifestantes, de los cuales más de 40 fueron consignados ante el Ministerio Público, tanto local como federal.

Informó que devolverán los vehículos asegurados durante el desalojo e instalarán una mesa de diálogo a partir del 16 de abril, cuando culmine el actual periodo vacacional.

Horas más tarde, Feliciano Castro Meléndrez, titular de la oficina de enlace entre gobierno del estado y los afectados por Picachos, renunció a su cargo este martes, en protesta por la represión ejercida por las autoridades contra los inconformes.