Con la advertencia de que el gobierno de México contravendrá tratados comerciales, inhibirá la inversión extranjera, la generación de empleos y la competencia en beneficio del consumidor, restringirá la actividad comercial y generará millonarios costos económicos, organismos del sector privado impugnaron los nuevos lineamientos sobre publicidad engañosa propuestos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de manera similar a como antes hicieron con la normatividad sobre la comida chatarra.

El anteproyecto Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el análisis y verificación de la información y publicidad, aún bajo consulta pública, concitó el rechazo del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) y la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas (Anprac), que se sumaron a las objeciones que una semana antes hizo ConMéxico, donde se agrupan 42 empresas que operan en el país, tan grandes como Bimbo, Coca Cola, Pepsico, Danone, Gamesa o Bacardí.

A tales críticas se unió también Genoma Lab International, que se presenta como una empresa cien por ciento mexicana que ha logrado capturar los beneficios de un mercado fragmentado por firmas multinacionales, pero que ya ha sido multada por Profeco por publicidad engañosa de los productos champú Ma Evans Color Infinito, Cicatricure, X Ray, Nikson y Metabol Tonics.

Homologación con Ley de Salud

Los organismos empresariales sostienen que los lineamientos para dicha publicidad son confusos y ambiguos, pueden causar equívocos y discrecionalidad al momento de su interpretación, no brindan certeza jurídica a los regulados y no se distinguen de las disposiciones sobre publicidad que recientemente entraron en vigor con el reglamento en publicidad de la Ley General de Salud, además de afirmar que el tema ya está regulado por otras leyes, normas y disposiciones oficiales, incluida la misma Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) que rige a la Profeco.

La Anprac, por ejemplo, pide que se homologuen muchos términos propuestos por Profeco con el reglamento de la Ley General de Salud. Nos preocupa la aplicación... ¿qué sucederá en el caso de que dos dependencias del Ejecutivo federal regulen un mismo tema pero existan interpretaciones distintas en la aplicación y ejecución?, advierte.

La Antad hizo propios los comentarios presentados por ConMéxico que, entre otras cosas, alertó que se introducían sanciones y medidas precautorias superiores a las establecidas en la LFPC. Pide además que Profeco modifique la definición de anunciante y publicidad para dar certeza jurídica de quién es responsable de ésta y que no se regule la información de las etiquetas, ya que eso está contemplado en otras normas oficiales mexicanas.

Profeco plantea vigilar toda la publicidad que se difunda en territorio nacional, independientemente de su procedencia, pero los organismos privados demandan que se elimine esa frase.

De mantenerse –señalan–, se incurriría en responsabilidad por publicidad emitida en otras naciones que no tienen obligatoriedad de cumplir con las normas aplicables en nuestro país. No se puede hacer cumplir esto a empresas que generan publicidad que no va dirigida a México, pero que por retransmisiones de programas llega a difundirse en el país, consideró la Anprac.

El anteproyecto, señala la Conar, suele referirse a la publicidad de bienes, productos y servicios que se origina más allá de nuestras fronteras y que, de aplicarse, puede contravenir los tratados internacionales en materia de comercio suscritos por México, además de inhibir la inversión extranjera, la generación de empleos y la competencia en beneficio del consumidor.