El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) dispuso que ante la decisión de la Cámara de Diputados de elimiar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), la información recabada a propósito de su integración deberá destruirse, pues la finalidad para la que fue obtenida ya no subsiste.

Diez meses después de que el Senado canceló el Renaut y aprobó nuevos ordenamientos para combatir los delitos cometidos a través de telecomunicaciones, la Cámara de Diputados concluyó el proceso para derogar las disposiciones que dieron origen a ese organismo.

A partir de ello, ayer mismo y mediante un comunicado de prensa, el IFAI alude a su condición de garante del derecho a la protección de datos personales y señala que los datos recabados para el Renaut deben destruirse.

Establece además que en el caso de la información personal que esté en manos de privados, deben seguirse los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, donde se marca un periodo de bloqueo tras el cual deberán suprimirse en definitiva.

Añade que en tanto el proceso de cancelación concluye con la supresión de la información, los responsables deberán aplicar medidas de seguridad suficientes para la protección de los datos personales recabados con motivo del Renaut, y de ese modo garantizar su integridad en tanto son bloqueados.

Para el caso los datos en poder de dependencias federales, el IFAI proveerá de los instrumentos indispensables –en el ámbito de su competencia– para asegurar el debido cumplimiento del mandato legal.

Señala que el instituto dará estricto seguimiento al proceso y se coordinará con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para asegurar la debida observancia de las normas.

Cuando en abril del año pasado el Senado decidió derogar el Renaut y aprobar reformas para obligar a los concesionarios a coadyuvar con las autoridades para evitar la comisión de delitos con teléfonos celulares, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, admitió sobre el fracaso del registro. No ha servido para combatir la delincuencia, dijo.

Finalmente, esta semana los diputados aprobaron las reformas votadas por el Senado y se terminó por sepultar un instrumento caro e impopular, creado en 2008 como parte del Acuerdo Nacional de Seguridad, con el propósito de formar una base de datos de usuarios de esta tecnología y evitar su uso en la comisión de delitos, como secuestro y extorsión.

A partir de su creación, la ley obligó a las empresas telefónicas a recopilar los datos de compradores de celulares nuevos y a quienes ya los tenían se les dio un plazo específico para enviar información personal, con fecha límite del 11 de abril de 2010.

A quienes se negaran a proporcionar sus datos se les amenazó con suspenderles el servicio telefónico, y e incluso se amagó con retirar la concesión a las empresas que no procedieran de ese modo. Fue el caso de Movistar, que en un primer momento decidió no acatar esa disposición, e incluso amagó con recurrir a tribunales para defender el derecho de sus clientes a mantener activas sus líneas.

Cuando venció el plazo para registrarse ante el Renaut se contabilizaron 55 millones 807 mil inscritos, es decir, 67 por ciento de los 83 millones 500 mil celulares en operación.