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Diputados acusan de omisión a presidente de Comisión de Defensa

Apremian a dictaminar reforma al Código de Justicia Militar
 
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2012, p. 7

Los diputados de PRD, PVEM y PT que integran la Comisión de Defensa Nacional demandaron al presidente de ese órgano legislativo, Rogelio Cerda, que convoque a dictaminar la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, relativo al fuero de guerra, para dar garantía a los ciudadanos de que todo integrante de las fuerzas armadas que viole los derechos de los mexicanos será juzgado por la justicia civil.

Enrique Ibarra, secretario de la comisión, calificó la postura de Cerda de omisión de su responsabilidad, porque desde hace 22 meses ha evitado que se dictamine, a pesar de la demanda creciente entre distintos sectores de la sociedad para que los militares comparezcan ante la justicia civil. Se trató de localizar a Cerda para conocer su postura, pero no respondió.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con fundamento en el caso Radilla– determinó que los militares mexicanos deben ser juzgados en tribunales civiles cuando violen garantías de los ciudadanos, el gobierno de Felipe Calderón, su partido (PAN) y el PRI en San Lázaro, dijo Ibarra, han evitado la aprobación de la reforma mencionada.

Debe dictaminarse. Hasta ahora el Poder Legislativo está en deuda. El presidente de la comisión se ha negado de manera reiterada. Hasta ahora hemos aprobado dictámenes de relevancia secundaria y por eso insistimos en que el diputado Rogelio Cerda debe convocar a la comisión para aprobar la modificación que ordena la CIDH.

El legislador del PT comentó que la decisión de la CIDH se encamina a derogar el fuero de guerra en los casos de delitos cometidos por militares contra civiles, con fundamento en las disposiciones del caso Radilla y la sentencia por violaciones a las garantías de Inés Hernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Sólo el pasado 15 de enero un juzgado de amparo concedió el recurso a una sargenta educadora, Silvia Hernández, acusada de abuso sexual, para ser juzgada en el fuero civil, tomando en consideración el artículo 13 de la Constitución y pasando por alto el contenido de los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, los cuales, en la práctica, han sido declarados ilegales por la sentencia de la CIDH en el caso Radilla y por la reforma constitucional que eleva a rango de norma suprema los tratados en materia de derechos humanos.

Hace 22 meses la fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que deroga parte del artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el cual se especifica qué tipos de ilícitos serán juzgados por la justicia civil.

El martes pasado, en tribuna, Enrique Ibarra protestó por la omisión de Rogelio Cerda: “En esta cámara, en especial la Comisión de Defensa Nacional que preside el diputado Rogelio Cerda, no ha hecho y sigue sin hacer el menor esfuerzo por dictaminar esa propuesta. A contracorriente, el Poder Judicial ya ha actuado. El resultado tangible de la decisión de la corte es que todos los jueces apliquen el control de convencionalidad y que sean los facultados para conocer los presuntos delitos cometidos por militares.

Reiteramos nuestra demanda a la Comisión de Defensa para que dictamine de prisa un caso tan delicado.

A esa postura se sumó el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, quien justificó que la demanda para dar viabilidad civil al castigo a militares que violen derechos humanos es indispensable para dar garantías a la población de que no serán atropellados sus derechos.

Sin duda hay una asignatura pendiente y tenemos que fijar una posición. El tema no es endurecer penas, sino cómo el crimen organizado y cómo la delincuencia organizada van avanzando mientras las leyes quedan atrás.