or lo que puede verse, la administración que afirma haber puesto a salvo
a Petróleos Mexicanos (Pemex) y haberle devuelto su viabilidad a largo plazo
–las frases fueron utilizadas por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, al inaugurar la plataforma Bicentenario el pasado 27 de febrero– también es la que ha llevado la deuda de la paraestatal a niveles astronómicos. De acuerdo con cifras oficiales, la deuda total de Pemex al final de 2011 ascendió a 55 mil 951 millones de dólares, el monto más elevado en la historia reciente, y se espera que suba a más de 59 mil millones de dólares al concluir el presente año.
No ha de pasarse por alto que la producción y venta de hidrocarburos constituye uno de los negocios más rentables del planeta; que la propia Pemex cuenta con un amplio margen de rentabilidad –un costo de extracción de poco más de cinco dólares por barril, y un precio de venta de más de 100 dólares, en la actualidad–, que le reditúa ganancias considerables, y que, no obstante todo ello, la paraestatal opera con pérdidas que la obligan a recurrir a la contratación de deuda para financiar proyectos e infraestructura.
La causa insoslayable de esa contradicción es el mal manejo de Pemex, concretamente el saqueo fiscal de que es objeto cada año y que termina absorbiendo la totalidad de sus ganancias: a guisa de ejemplo, cabe señalar que el año pasado Pemex obtuvo unos 640 mil millones de pesos por sus ventas de crudo, pero tuvo que pagar 984 mil 413 millones de pesos en impuestos, aprovechamientos y otros derechos.
La sangría fiscal, el endeudamiento descontrolado y la falta de capacidad o de voluntad para erradicar la corrupción de sus oficinas provocan que Pemex entregue, año con año, malos resultados en lo financiero, que desmienten la afirmación calderonista de que está garantizada su viabilidad a largo plazo
. Y si bien es cierto que ese panorama resulta indeseable para el país, no puede pasarse por alto que el mal desempeño de la compañía petrolera de propiedad nacional concede argumentos a quienes reivindican la supresión de su estatuto público y su traslado a manos de particulares.
No resulta ocioso, pues, preguntarse en qué medida las pérdidas y el endeudamiento de Pemex son una consecuencia de la ineptitud administrativa del gobierno, y hasta qué punto forman parte de un empeño por llevar a la compañía a la insolvencia financiera, alimentar la percepción de un Estado incapaz de administrar y conducir con buenos resultados a la industria petrolera nacional, y desvirtuar, así, el régimen jurídico de la paraestatal y su condición de empresa nacional.
En tal circunstancia se impone la necesidad de que la sociedad, así como los sectores de la clase política comprometidos con el mandato constitucional, exijan a la autoridad que explique las razones del incontrolable endeudamiento de Pemex, que esclarezca el destino de los recursos obtenidos por esa vía y que ponga fin a la depredación fiscal que se realiza sobre la empresa.