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Aprueban diputados reforma a la ley federal en la materia

Se sancionará la portación ilegal de armas, aunque estén inutilizadas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de febrero de 2012, p. 7

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para añadir un artículo que sancione la portación o posesión ilegal de armas o su uso para cometer algún delito, aun cuando no cuenten con proyectiles, cargador, se encuentren en mal estado, les falte alguna de sus piezas o estén desarmadas.

En la discusión del dictamen de la Comisión de Defensa, la bancada del Partido del Trabajo (PT) consideró que la reforma limita derechos de las personas, como el definido en el artículo 10 de la Constitución, para poseer armas en los domicilios como medida de legítima defensa, siempre y cuando se cumplan los términos de la misma ley. En cambio, argumentaron los petistas, se perseguirá a quienes incluso tengan en su hogar armas de fuego en desuso por su antigüedad.

Diputados de PRI, PAN y PVEM argumentaron que es necesaria la reforma, porque presuntos delincuentes han evadido la acción penal por uso o posesión de armas de fuego, porque cuando se les decomisó les faltaba una pieza o estaban desarmadas.

Hasta ahora, explicó el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), el Ministerio Público no cuenta con los tiempos penales correctos ni para la integración de la averiguación previa.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT) cuestionó que la reforma tiene un fondo punitivo para los ciudadanos, cuando hay altos mandos civiles que toleran el tráfico internacional de armamento y la Cámara no cuestiona la violación de la soberanía nacional con operativos como Rápido y furioso, ni el envío de aviones no tripulados de Estados Unidos a territorio nacional, con conocimiento de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y las fuerzas armadas.

Tampoco, dijo, se ha hecho nada para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que evita el castigo de militares que han cometido violaciones a los derechos de civiles.