Turín, 13 de febrero. En un juicio considerado histórico, un tribunal de Turín (norte de Italia) condenó este lunes a 16 años de cárcel a dos ex directivos de la multinacional Eternit por haber provocado la muerte de 3 mil personas con el uso de amianto en sus materiales de construcción.

La sentencia fue recibida entre gritos, aplausos y llanto de familiares de las víctimas, quienes pedían justicia desde hace años, y sobre todo una condena ejemplar para los ex altos ejecutivos.

El ex propietario del grupo, el multimillonario suizo Stephan Schmidheiny, de 65 años, y el ex accionista belga, el barón Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, de 91 años, fueron condenados por haber provocado de modo intencional una catástrofe y violado las reglas de seguridad en sus fábricas de Italia, que funcionaron de 1976 a 1986.

Se trata del mayor juicio organizado hasta ahora a causa del amianto, mineral fibroso –del cual el asbesto es una variante de fibras más duras– que organismos médicos internacionales señalan de provocar cáncer, con elevada mortalidad.

Desde hace unos años se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque aún se utiliza en naciones en desarrollo como casi todos los de América Latina, incluido Brasil.

La defensa negó la responsabilidad directa de los dos acusados, que nunca asistieron a las audiencias y fueron condenados en contumacia.

La fiscalía requirió la pena más severa por esos delitos, es decir 20 años, debido a su gravedad: las personas expuestas al amianto pueden enfermar varias décadas después.

Tanto el barón belga como el multimillonario suizo, conscientes de que el amianto era peligroso, decidieron mantener las fábricas abiertas y no dispusieron ni siquiera del uso de guantes y mascarillas como primera medida de protección para evitar que miles de personas se enfermaran por la inhalación del polvo del asbesto.

El proceso se inició en diciembre de 2009 en Turín y reunió a más de 6 mil querellantes.

Ha sido una sentencia histórica, tanto por los aspectos sociales como por los técnico-jurídicos, comentó el ministro italiano de Salud, Renato Balduzzi, quien recordó el apoyo del Estado y las instituciones a los familiares de las víctimas.

Se trata de una sentencia equilibrada, ahora hay que ver si cumplen sus obligaciones, reaccionó Sergio Bonetto, uno de los abogados de los familiares, quien teme que la interposición de recursos legales impida pagar las indemnizaciones ordenadas.

La sentencia dispuso el pago de decenas de millones de euros de indemnización, entre otros, a la asociación Medicina Democrática a varios ayuntamientos, como el de Casale Monferrato, la ciudad con el mayor número de decesos.

Ha sido el mayor juicio realizado en el mundo por un asunto de seguridad laboral, reconoció el fiscal Raffaele Guariniello, cuya determinación fue elogiada por asociaciones y familiares.

Una enorme pancarta en que se leía Eternit Justicia fue desplegada en la sala de audiencias, en la que se encontraban también representantes de víctimas de otros países.

La gente iba a trabajar sin protección alguna, recuerda Piero Ferraris, cuyo padre, Evasio, murió de cáncer en 1988 a los 63 años tras haber trabajado en la fábrica de Eternit de Casale Monferrato de 1946 a 1979.

Casale es una ciudad mártir, llena de gente enferma, sostiene Remo Viotto, de 77 años, quien trabajó durante 32 de camionero de Eternit y lucha desde hace 18 años contra un cáncer.

El amianto, usado durante décadas como material milagroso por su resistencia al calor y al fuego, fue prohibido en toda la Unión Europea en 2005, cuando entró en vigencia una directiva de 1999, y ahora se aboga por una prohibición mundial.

Pese a que es difícil cuantificar las consecuencias mortales del amianto en numerosos países, en Francia podría ser causante de unos 100 mil decesos antes de 2025, según la Agencia Salud Medio Ambiente.

En América Latina se dio un primer paso en 2008, cuando una ley de Sao Paulo que prohibía el amianto fue juzgada constitucional pese a un recurso interpuesto por industriales, recordó Mauro de Azevedo Menezes, abogado de la asociación brasileña de víctimas.