El segundo grupo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Nacional contra las Adiciones (Conadic), dependiente de la Secretaría de Salud, que se coordinen para elaborar una estrategia de prevención y riesgos del consumo de drogas en el ámbito escolar y se fortalezca la difusión entre alumnos y padres sobre el riesgo de las adicciones.

El grupo considera que es urgente que las autoridades de salud instrumenten una campaña de difusión en todos los centros de educación que indique el nombre de las instituciones encargadas de atender a quienes consumen drogas y orientar sobre los servicios médicos que proporcionan.

En el ámbito de la detección del narcomenudeo en los centros educativos, el Congreso de la Unión demandó a la PGR que refuerce la difusión y vigilancia en los colegios, y que durante el primer trimestre de este año entregue al Poder Legislativo un informe sobre las acciones realizadas de prevención en todas las escuelas para que la detección temprana evite adicciones.

El coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, sostuvo que la organización de la sociedad y el trabajo de las autoridades impedirán que el proceso electoral federal se contamine con actos de violencia e inseguridad.

Todos estamos obligados a participar en el proceso federal de 2012 en el ámbito de nuestras posibilidades y en la trinchera en que estemos, porque ahora se ha emprendido una campaña mediática que cuestiona la posibilidad de llevar a cabo unas elecciones libres, transparentes y directas. Incluso se dice que si la inseguridad sigue privando en el país, que la gente no salga a votar.

Sobre el tema de la inseguridad, el diputado panista Gustavo González consideró que la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional, que se encuentra en la Cámara de Diputados, está detenida por el disenso en torno a la seguridad interior y el uso del Ejército para asuntos de declaratoria de afectación a la seguridad.

Se deben establecer las herramientas que permitan resguardar la seguridad interior sin que se violenten los derechos humanos o garantías de una verdadera situación de emergencia, comentó el legislador.