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En su primer informe de labores, Silva Meza exige al Ejecutivo no denigrar trabajo de los jueces

Advierte la SCJN que vigilará que el combate al crimen no vulnere garantías fundamentales

Asegura que ninguna emergencia será valida para justificar acciones contra los derechos humanos

 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de diciembre de 2011, p. 20

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, señaló ayer ante el presidente Felipe Calderón que México vive un momento delicado y difícil en materia de seguridad y que al Poder Judicial le corresponde verificar que las acciones de combate a la delincuencia” no pasen por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos, en la ley, y a la Constitución. Ninguna emergencia será válida ante los tribunales federales para justificar cualquier acción que, en los hechos, vulnere la protección de las garantías fundamentales.

Nuestra labor, subrayó, es proteger la civilidad que permite la vida en sociedad e hizo un reconocimiento a los jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales involucrados en la materia penal, que están haciendo un gran esfuerzo, corriendo enormes riesgos y cumpliendo con un deber que todos debemos agradecer y reconocer. Vivimos en carne propia la inseguridad y la emergencia del país.

En respuesta a los reiterados comentarios del Ejecutivo federal sobre la falta de compromiso de los jueces en el combate al narcotráfico, Silva Meza aseveró en su primer informe de labores que el respeto a la autonomía e independencia de los jueces es uno de los grandes avances de nuestra libertad y una piedra angular en nuestro sistema democrático, por lo que no toleraremos que se denigre el trabajo de mexicanos honestos y limpios que también ponen en riesgo su vida; algunos ya la han perdido en beneficio de todos.

Agregó que no vamos a aceptar consignas ni influencias que alteren el funcionamiento de los órganos que pretendan vulnerar la autonomía de juicio. Reconocemos plenamente el derecho de audiencia de las partes, pero rechazamos cualquier forma de injerencia, de presión que vaya más allá y que pueda lastimar o alterar su libertad de criterio.

Queremos independencia, pero no queremos impunidad, siempre daremos la cara en el desempeño de nuestra labor, sostuvo el ministro al rendir su primer informe de labores en la sede del máximo tribunal, indicó.

Ante los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoció que el año próximo será complejo, pero la sociedad debe tener plena confianza en que la parte del proceso electoral que descansa en el tribunal electoral, se atenderá con diligencia por instituciones preparadas, plenamente confiables, que garantizan elecciones apegadas a la ley y a la Constitución.

Con la presencia de Calderón –quien acudió por última vez a un informe de la Corte–, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús María Rodríguez Hernández; de la procuradora general de la República, Marisela Morales, y del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, Silva hizo un reconocimiento al rector de la UNAM por su apoyo a la capacitación de los juzgadores en sus nuevos retos.

También destacó que los juzgadores contribuyen a la construcción democrática de México, porque sus sentencias son una aportación para la paz, para la tranquilidad, para la seguridad y para el desarrollo de nuestro país.

El ministro anunció que, como parte del compromiso de la Suprema Corte con el respeto a los derechos humanos, a finales de 2012 y en colaboración con la comisionada de las Naciones Unidas se celebrará en México una reunión internacional en la materia, en la que participarán los presidentes de cortes supremas y tribunales constitucionales.

Concluyó su intervención señalando que, a pesar del compromiso asumido de hacer uso racional y eficiente de los recursos asignados, tal vez sean insuficientes, en razón del incremento presupuestal asignado al Poder Judicial de la Federación, el aumento en la carga de trabajo, la creación –por ley– de juzgados especializados en competencia económica, en juicios orales mercantiles, en ejecución de penas, etcétera.