La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 9/2011 por actos de violencia laboral ejercidos en agravio de mujeres que trabajan o prestan sus servicios como personal de confianza o por honorarios en 10 dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

El organismo investigó 14 quejas las cuales se refieren a violencia laboral, discriminación por embarazo y laboral, y pudo advertir un patrón de abuso sistemático cometido por diferentes servidores públicos adscritos tanto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la ciudad de México.

Las autoridades señaladas son las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Finanzas, de Desarrollo Social, la Procuraduría General de Justicia, la director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las jefaturas delegacionales de Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En 10 casos, las agraviadas son mujeres con cargos menores, hostigadas laboral y sexualmente, en su mayoría por hombres de cargos superiores, y al negarse a ceder a dichos hostigamientos sufrieron represalias de tipo laboral que, al ser denunciadas ante las instancias correspondientes, no son investigadas efectivamente y, por lo tanto, las personas responsables de dichos actos no son sancionadas.

Tres casos más están relacionados con embarazadas que fueron despedidas y finalmente, un caso tiene que ver con la desigualdad de oportunidades en el ascenso laboral respecto del cual, si bien la CDHDF no pudo corroborarla, sí comprobó la falta de un mecanismo para prevenir dicha desigualdad.

En los 14 expedientes es recurrente el uso de la descalificación del trabajo, las amenazas, intimidación, humillación, así como otras formas de discriminación en perjuicio de las peticionarias, en razón de la subordinación jerárquica que enfrentaban con sus empleadores. Todo ello con la finalidad de dañar su autoestima, integridad y seguridad, según la comisión.

La CDHDF informó que encontró un patrón sistemático de violencia contra la mujer en las instancias de gobierno en sus tres niveles: ocho casos referidos al Poder Ejecutivo, es decir 61.54 por ciento; cuatro casos del Poder Judicial, lo que significa 30.77 por ciento, y uno del Poder Legislativo, 7.69 por ciento.