Marcela Salas Cassani.
San Lorenzo Huitzizilapan,
Estado de México.
Las comunidades indígenas ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí de los pueblos de La Concepción Xochicuautla, Amomolulco, Almoloya de Juárez, Santiago Tianguistenco, Santa María Atarasquillo, San Mateo Atarasquillo, Santa Cruz Ayotusco, San Lorenzo Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla continúan manifestándose en contra del ecocidio salvaje y no darán ni un paso atrás en la defensa de los territorios ancestrales que el gobierno priísta pretende arrebatarles con múltiples proyectos como la autopista Toluca-Naucalpan, explotación de minas, edificación de conjuntos residenciales, apertura de basureros a cielo abierto y tala inmoderada.
Reunidos en la comunidad otomí San Lorenzo Huitzizilapan (Lerma), representantes de las comunidades del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, coincidieron que “cualquier intento de despojarnos de nuestras tierras para proyectos de ‘desarrollo’ violenta nuestras tradiciones y cosmovisión indígena y viola el derecho a la consulta libre, previa e informada fundamentada en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México”.
Una de las principales amenazas al ambiente y la organización social y cultural de los pueblos indígenas de la entidad es la construcción de la carretera Toluca–Naucalpan, proyecto del exgobernador Enrique Peña Nieto que pretende realizarse en la cordillera del Parque Otomí–Mexica, área natural protegida y, desde 2006, Santuario del Agua. Sus manantiales y humedales abastecen a las poblaciones cercanas y la Ciudad de México.
La construcción de la vía provocaría la desaparición de mantos acuíferos y la inaccesibilidad a territorios sagrados de las comunidades. A la destrucción ambiental se sumaría el riesgo de desaparición de tradiciones y costumbres.
Ernestina Ortiz, ñuhú de Santiago Tianguistenco y miembro del Consejo Indígena de Trueque, dijo: “Ha pasado en otras comunidades que llegan las empresas, los pueblos les dan el agua y después les venden su propia agua. Vamos a defender nuestra tierra. Nadie nos va a decir cuánto vale”.
El gobierno ha difundido la supuesta aprobación de la carretera en comunidades como San Lorenzo. No obstante, su consejo de vigilancia lo niega: “Hubo una ‘asamblea’ a la que no pudimos asistir todos los comuneros, y en la que ‘decidieron’ unos cuántos. La mayoría no estamos de acuerdo con la venta de las tierras. Los resultados de esa asamblea son ilegales”. Francisco González Olvera, comisariado de Bienes Comunales, convocó en abril y agosto a asambleas para la “aprobación unánime” de los comuneros y así vender tierras a la empresa Autopistas de Vanguardia. Las asambleas se realizaron en condiciones irregulares. El pueblo tiene unos 10 mil comuneros y asistieron 200. Y más de 700 policías.
José Luis Fernández Flores, relata: “Había muy poca gente, y la fuerza pública asustó a las personas. Muchos se retiraron. Fueron pocos los que decidieron vender”.
Después, en una reunión informal, González Olvera dijo haber realizado un convenio con la empresa para vender siete hectáreas para la autopista Toluca-Naucalpan, y sin el consentimiento de la autoridad agraria entregó 19 mil 221 pesos, como “indemnización”, por medio de cheques del banco HSBC.
“Muchos no aceptamos el cheque y otros lo rompieron en su cara. No queremos migajas. El territorio no está en venta”, asegura Miguel Mireles, también comunero. “La situación es grave, pero vamos a dar la batalla judicial”.
Existe un estado de violencia, asegura el Frente: “¿No es violencia que las empresas arrasen con el medio ambiente y profanen nuestros centros ceremoniales? ¿Que otros piensen decidir por nosotros y nos impongan lo que debemos hacer? ¿Que nuestras comunidades estén intervenidas con policías y militares? ¿Que nuestros hermanos sean asesinados? ¿No es violencia que nos impongan una forma de organización y un método de educación menospreciando lo nuestro? Desde la conquista y la colonización nos han querido someter. Los pueblos originarios estamos sumidos en la pobreza, no por incapaces de ser productivos, sino por la exclusión económica, la falta de apoyo al campo y el despojo de nuestras tierras comunitarias”.
Los representantes ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí afirman que gracias al ejemplo de firmeza y resistencia de sus abuelos no declinan sus derechos a pesar de las circunstancias adversas. “Nuestro horizonte lo transmitimos de generación en generación. Desde hace cientos de años tenemos la capacidad de proponer y reclamar al Estado, y ahora a los organismos internacionales, el derecho inalienable de mantener nuestra cultura y recuperar la relación profunda con la tierra y el territorio”