La crisis de violencia que se vive en México pone en jaque los derechos humanos de la población en su conjunto, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, señalaron especialistas en la defensa de garantías de la infancia.

Durante el foro Los derechos humanos de la infancia y de las juventudes en un contexto de violencia, los activistas indicaron que la situación de este sector de la sociedad se ha agravado a raíz de la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno de Felipe Calderón, donde las cifras relevan que entre 400 y mil 500 menores de edad han muerto a causa de esta estrategia.

Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social y coordinadora nacional del Colectivo Infancia en Movimiento, dijo que en el país niños y adolescentes sufren violencia en su hogar, en la calle, la escuela y de parte de las instituciones.

Sumando a ello, alertó que están aún más expuestos a la violencia derivada de la estrategia federal contra el crimen organi- zado. En primer lugar, el Estado mexicano no ha cumplido con lo primero que debe de garantizar, que es la vida y protección de los civiles, en particular de niños y adolescentes.

Agregó que en la historia de la humanidad, los conflictos armados siempre han afectado a la población civil. En la Primera Guerra Mundial perdiron la vida 10 por ciento de civiles, 50 por ciento en la segunda, mientras en las guerras actuales, incluida la mexicana, las cifras muestran que 80 por ciento de las muertes son de ciudadanos. Esto prueba que no se trata de daños colaterales.

Lamentó que no halla cifras oficiales que revelen cuántos menores de edad han fallecido debido a la estrategia de Calderón contra el narcotráfico. Entre los más de 40 mil muertos, no hay estimaciones sobre el número de niños y adolescentes que han caído en esta guerra, aunque refirió que algunos cálculos señalan que son entre 400 y mil 500.

Otras problemáticas que enfrenta este sector –señaló– son los cientos de lesionados –se calcula que por cada deceso habría tres heridos–, los huérfanos y la cooptación de decenas de menores por el crimen.

“En las escuelas y la familia también hay violencia contra infantes y jóvenes. En muchas ocasiones la escuela representa el único espacio institucional al que muchos niños se aferran, pero cuando alguno de ellos muestra indisciplina, en lugar de apoyarlo se le expulsa. En tanto, en la mayoría de las ocasiones los padres y la sociedad tienen la idea de que pegarle a un niño es educarlo, dijo la activista.

Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, resaltó que México vive una crisis donde las salidas benéficas también están en crisis.

Subrayó que la crisis nacional es una derivación estructural de la crisis mundial. Agregó que la situación actual es violenta, pero sin cambios se corre el riesgo de que lo sea aún más. Asimismo, dijo que las políticas neoliberales impulsadas en parte del mundo, y en especial en México, incrementan la violencia y la desprotección de las garantías fundamentales.

Lamentó que PAN y PRD se hayan opuesto en la Cámara de Diputados a la aprobación del dictamen de ley contra el lavado de dinero. Eso muestra que es un negocio presente en circuitos económicos del país.

Los participantes en este foro manifestaron su solidaridad con los integrantes del Comité Cerezo, quienes –aseguraron– han recibido amenazas contra su integridad.