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Ver día anteriorLunes 17 de octubre de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Hotelería española en México
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umidas en una grave crisis, la economía y las empresas españolas buscan fuera de sus fronteras utilidades que las ayuden a salir a flote. Lo logran ya con sus bancos, cuyas filiales en América Latina registran altas ganancias. En México, entre otras cosas, vía el cobro excesivo por los servicios que prestan. Lo hacen con la complacencia del gobierno federal y de los legisladores. Obtienen también utilidades por medio de la generación de energía, el sistema aeroportuario (cuya seguridad está en buena parte a cargo de empresas de la península) y en la hotelería.

Con esta última actividad se repite en nuestras costas la ocupación salvaje que en España destruyó, cada día, entre 1987 y 2005, alrededor de 80 mil metros cuadrados de litoral para dar paso lo mismo a las instalaciones que demanda el turismo de playa que a nuevas urbanizaciones. La transformación sufrida por medio del cemento y el ladrillo no tiene paralelo; acabó en poco tiempo con paisajes únicos, pese a existir una Ley de Costas, aprobada en 1988, para frenar y proteger de la depredación al litoral ibérico.

Según Greenpeace, cada día de los últimos 20 años se urbanizó una superficie equivalente a ocho campos de futbol. España había entrado en una burbuja inmobiliaria que hizo crisis en 2008 y ha contribuido a la lamentable situación que hoy enfrenta su economía. De paso, reveló la forma de hacer fortuna o acrecentarla vía la corrupción o el tráfico de influencias. Son numerosos los escándalos por esa manera irregular de hacerse de dinero y que tienen en la cárcel a funcionarios, políticos y empresarios que presumían de honorables.

En España, la Ley de Costas prohíbe construir en los cien metros del litoral. En México, apenas en 20. Pero allá como aquí esta medida protectora no se cumple y es obsoleta ante los efectos del cambio climático. Y como coincidencia, los gobiernos de las comunidades regidas por la derecha en España y la actual administración conservadora de México son los que más han contribuido al urbanismo costero depredador y a la corrupción vía hoteles, urbanizaciones, campos de golf, centros comerciales y demás servicios exigidos por el turismo.

La forma salvaje de ocupar la costa mexicana y el trato preferencial que las instancias oficiales dan a las cadenas hoteleras, especialmente españolas, lo han denunciado grupos ciudadanos e investigadores. Hace 25 años el Grupo Ecologista del Mayab, Gema, advertía sobre la presencia de esas empresas en Cancún y en lo que por entonces se iniciaba: la Riviera Maya. Alertaron oportunamente del daño que traería esa ocupación, no sólo por hacerse sin planeación alguna y echar a perder un paisaje único, sino por los efectos del cambio climático en el litoral caribeño. No les hicieron caso y los resultados están a la vista.

El crecimiento explosivo y el trato preferencial a la hotelería española en México comenzó durante la administración del doctor Ernesto Zedillo, pero se consolidó con los gobiernos panistas. Incluye subsidio predial, facilidades a la hora de conceder la licencia de uso del suelo, autorizar la manifestación de impacto ambiental, manejo sindical a gusto de la empresa e impunidad si destruyen áreas costeras o protegidas. RIU, Sol Melía, Iberostar, Gran Bahía, Oasis, Barceló, Catalonia, para mencionar los principales, dominan el espectro hotelero en Quintana Roo bajo el concepto de todo incluido, que contempla desde transportación aérea, comida y bebidas hasta propinas, en perjuicio de las empresas medianas y pequeñas de mexicanos.

Esas cadenas reportan utilidades millonarias. Una, Barceló, envió el año pasado a su central 351 millones de dólares de utilidades.

No pretendo demonizar la inversión extranjera. Pero sí una forma de hacer dinero a costa del patrimonio de la nación.

Un ejemplo más de ello, crítico por sus numerosas implicaciones ambientales, lo tenemos en Cabo Pulmo, nuevo megaproyecto turístico español en la costa de Baja California Sur. Invito al lector a enterarse de este atentado a los recursos naturales. Basta con que consulte en Internet la reciente Jornada Ecológica. Comprobará cómo gobierno y empresarios depredadores van de la mano.