La obligación de contar con una constancia para ejercer cualquier especialidad médica, sin importar qué universidad otorga el grado, puede convertirse en una muy mala copia del modelo de certificación estadunidense, en el que imperen reglas de mercado, sin que esto necesariamente garantice calidad académica, afirmaron especialistas en educación superior.

Luego que el Senado aprobó en septiembre pasado una reforma a la Ley General de Salud, en la que se establece que para realizar en México cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los médicos deberán contar con cédula profesional legalmente otorgada por autoridad educativa competente, pero también con un certificado de especialista que acredite su capacidad y experiencia expedida por el consejo de la especialidad, según corresponda, alertaron que cuando se cobra por acreditar, se abre la puerta al negocio.

Sergio Martínez Romo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en política educativa y mecanismos evaluatorios, indicó que en los pasados 20 años, las universidades públicas federales y estatales avanzaron en sus procesos de autoevaluación para garantizar la calidad de los programas académicos que imparten, los cuales cuentan con la participación de destacados expertos, quienes ocupan los cargos de forma honoraria o con salarios que cubre la misma universidad.

No se trata, indicó, de no participar en evaluaciones externas, pero bajo normas muy claras, en las que no impere el modelo de mercado, pues la experiencia nos advierte que cuando intervienen asociaciones de profesionales, colegios o sociedad sin establecer condiciones precisas, y se abre la oferta de evaluación, en realidad se genera un mercado, lo que puede hacer de la tarea evaluatoria sólo un buen negocio.

Martínez Romo explicó que el modelo de evaluación externa estadunidense no es necesariamente la mejor alternativa. En otros países, como Inglaterra, se han encontrado otras soluciones de calidad para evaluar las prácticas y conocimientos entre pares, pero sin el riesgo de crear cotos de mercado.

Por separado, Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, alertó que la obligación de contar con una certificación para ejercer una especialidad médica debe ser analizada cuidadosamente, si no queremos hacer de algo que puede ser positivo, sólo un buen negocio.

Es un tema, abundó, muy complejo, pues toca aspectos como la autonomía universitaria, pero también requiere de un análisis profundo, para establecer cuáles son las potenciales ventajas y desventajas de establecer estos mecanismos.

Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, afirmó que con este decreto peligra la autonomía universitaria, porque, en los hechos, no serán reconocidos los grados de especialización que otorgan las universidades, lo que resulta sumamente grave.

De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, en México la población escolar que cursa programas académicos en ciencias de la salud, que entre otros campos del conocimiento incluye las especialidades médicas, alcanza un total de 273 mil alumnos, lo que representa 8.9 por ciento de la cobertura nacional en educación superior.

Por ello, Jara Guerrero afirmó que las universidades estatales estamos en favor de la evaluación, pero ésta tiene que ser entre pares, porque en el momento que se solicita que acrediten organismos privados, y que sean estas instancias quienes den el aval a las universidades públicas, se pone en duda la calidad de las mismas, y se le da toda la confianza a organismos que tienen intereses, que aunque pueden ser legítimos, son muy distintos a los de la universidad pública.

Niega coordinador del comité normativo que se pretenda violar autonomías universitarias

Ángeles Cruz Martínez

No existe ninguna intención de violar las autonomías de las universidades. La obligación que determina la reforma a la Ley General de Salud (LGS) para que los médicos especialistas se certifiquen ante los consejos de especialidades tiene como único fin garantizar que los servicios clínicos públicos y privados sean de la más alta calidad, afirmó Enrique Wolpert, coordinador del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Respecto al rechazo a la modificación legal expresado por integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Wolpert puntualizó en entrevista que los legisladores y las autoridades sanitarias y educativas nunca tuvieron la intención de agraviar a las escuelas y facultades de medicina.

Atribuyó la postura de la agrupación a una confusión por la redacción del último párrafo del nuevo artículo 81 de la LGS que dice: Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Wolpert comentó que todavía está pendiente la elaboración de los lineamientos que harán efectivas las reformas a la ley y en los cuales se podrá puntualizar el procedimiento a seguir en la certificación de los especialistas. Para ello, el decreto fijó un plazo de 120 días contados a partir de su entrada en vigor, que fue el 2 de septiembre de 2011.

El funcionario resaltó que el principal objetivo de la reforma es asegurar que los profesionales de la medicina, sobre todo aquellos que realizan procedimientos quirúrgicos, cuenten con entrenamiento, habilidades, destrezas y pericia que exige su ejercicio. Esto incluye a los recién egresados de las residencias médicas y a aquellos de mayor experiencia.

Un médico que está al margen de la actualización, no participa en congresos ni asiste a cursos de su especialidad, al cabo de cinco años es factible que surjan dudas respecto a su capacidad y habilidades profesionales, indicó.

Hasta ahora la certificación de especialistas ha sido voluntaria, pero cada vez con más frecuencia se ha observado la necesidad de que se vuelva un procedimiento obligatorio. Lo más evidente han sido las malas experiencias en procedimientos de cirugías estéticas y reconstructivas.

De ahí las modificaciones a varios artículos de la LGS que ahora determinan los requisitos que deben reunir los médicos especialistas, así como las instituciones autorizadas para los procedimientos de certificación y renovación de ésta a realizarse cada cinco años de manera obligatoria.

También se fijaron regulaciones específicas para la práctica de las cirugías estéticas y reconstructivas.

Wolpert comentó que en el diseño de la reforma legal participó el Comité a su cargo, el cual a su vez, representa a 49 asociaciones civiles  con más de 92 mil médicos, las academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, así como a 47 consejos de especialidades médicas.

En este trabajo también estuvo presente la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo, y por ello confió en que las dudas expresadas por integrantes de la Anuies serán  aclaradas. Wolpert se reunió ayer mismo con los representantes de las universidades e instituciones de educación superior.