 foto: HUGO CIFUENTES |
Agua para Vícam
Marcela Salas Cassani
Con las clases suspendidas en todas las escuelas del pueblo, retenes militares que impiden el libre tránsito hacia Vícam y dos elementos de la guardia tradicional agredidos por la policía estatal, la tribu yaqui lleva a cabo acciones de resistencia en protesta por la construcción del Acueducto Independencia, que incluyen bloqueos intermitentes en la carretera internacional México-Nogales.
A la obra —proyecto principal del programa Sonora Sistema Integral promovida por el gobierno panista de Guillermo Padrés Elías, con la que se pretende desviar agua de la presa El Novillo hacia la capital del estado— también se oponen el Movimiento Ciudadano por el Agua y agricultores del valle Yaqui, quienes junto con el pueblo yaqui realizan acciones de desobediencia civil pacífica.
Para una región principalmente agrícola, donde se siembra trigo, maíz, frijol y cártamo, el agua es una cuestión de vida o muerte. “La intención del gobierno de Sonora de desviar anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca sagrada del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo con fines comerciales ha puesto a nuestra tribu y a todos los habitantes de este valle en una situación crítica”, dijo a Ojarasca Mario Luna, autoridad tradicional de la tribu yaqui.
De las 90 mil hectáreas aptas para cultivarse en la región yaqui, tan sólo 17 mil hectáreas están sembradas por falta de recursos hídricos para el riego. “El gobierno dice que nos sobra el agua, pero la realidad es que no hay”.
“Las autoridades del gobierno”, explica Luna, “pretenden hacernos creer que ‘el pueblo de Sonora tiene sed’, y que por ello es necesario construir el acueducto. Pero nosotros sabemos que eso es sólo un pretexto, pues el agua que pretenden desviar de nuestra cuenca no será para uso doméstico, sino para llenar una presa que se encuentra en zona industrial de Hermosillo donde se encuentran empresas como Ford, Big Cola, Apasco, la cementera más grande de América Latina, y donde próximamente se instalará la cervecera Heineken”.
Siguiendo los conductos legales que marca la Constitución, el pueblo yaqui obtuvo triunfos en el área judicial: una medida cautelar preventiva a favor de la demanda de restitución de aguas otorgada por el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón, que prohibía “el desvío de caudales de cualquier índole fuera de la cuenca del río Yaqui en tanto no hubiera sido resuelto el conflicto de aguas”, y un amparo contra la licitación del acueducto que ordena parar las obras, otorgado por un juzgado de distrito a los productores agrícolas del valle del Yaqui y ratificado por un tribunal colegiado.
A pesar de las disposiciones judiciales, la construcción del acueducto Independencia —que costará casi cuatro mil millones de pesos y tendrá una longitud aproximada de 175 kilómetros— ya comenzó y hasta el momento se han excavado 60 kilómetros de zanja y pegado 30 kilómetros de tubería, lo que significa un 40 por ciento en el avance de las obras, por lo que “el gobernador Guillermo Padrés Elías está incurriendo en desacato”, aseguró Mario Luna.
Padrés Elías, al ser cuestionado sobre los oficios 6483-A y 6484-A otorgados por el juzgado octavo de distrito que ordenan la suspensión de la construcción del Acueducto Independencia, dijo que “no existe tal cosa” y reiteró que “la obra continuará. El desa rrollo de Sonora nadie lo va a detener. Yo quiero que le vaya bien a todos los sonorenses, no a unos cuantos. Podrán decir misa”.
Medios impresos de Sonora publicaron un desplegado que supuestamente había sido firmado por autoridades yaquis en donde éstas se deslindaban del Movimiento Ciuda dano por el Agua y de quienes bloquearon la carretera federal. Sin embargo, los supuestos signatarios aseguraron que sus firmas habían sido falsificadas o tomadas con engaños.
“Lo que el gobierno está tratando de hacer es promover la desunión al interior de la tribu yaqui, pero ya hablamos personalmente con los compañeros que supuestamente firmaron el documento y algunos de ellos aseguraron que no estaban enterados de la existencia del desplegado; otros dijeron que los hicieron firmar con engaños y sólo uno de ellos aceptó haberse deslindado del bloqueo carretero. Lo que quieren es que haya conflicto entre nosotros, pero no lo van a lograr, estamos unidos para defender nuestros recursos. No vamos a permitir que se venda el agua que es de la nación”, aseguró Mario Luna.
“El territorio del valle del Yaqui ha pertenecido milenariamente a nuestra tribu”, dijo Luna, “y a lo largo de los años hemos convenido con los gobiernos el paso de electricidad, poliductos, carreteras, fibra óptica y, en los últimos años, dada la generosidad y solidaridad del pueblo yaqui con sus hermanos, hemos aceptado la explotación de una batería de 17 pozos de agua que abastecen por medio de un acueducto a la ciudad de Guaymas y a la zona turística de San Carlos, pero ¡ya basta!”
A pesar del impresionante operativo alrededor de Vícam Pueblo (que incluye militares y casi setenta unidades de la Policía Estatal Investigadora de Sonora, policía municipal de Cajeme y Policía Federal Preventiva) las autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vícam y Potam, primera y segunda cabeceras, informaron que las acciones de resistencia para evitar la privatización del agua continuarán, y aseguran que no permitirán que “se vuelvan a cometer más injusticias contra nuestro pueblo; haremos valer nuestra razón histórica como pueblos originarios de estas regiones áridas y nuestros derechos históricos”.