Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró ayer mediante decreto el estado de excepción a la función judicial a fin de resolver la situación crítica que enfrenta y prevenir una inminente conmoción interna. Argumentó que su decisión, que durará 60 días, quiere garantizar en debida forma el acceso a la justicia contemplado en la Constitución. La justicia está en manos de un consejo transitorio de la judicatura, como resultado de la decisión mayoritaria de una consulta popular.