Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró ayer mediante decreto el estado de excepción a la función judicial “a fin de resolver la situación crítica que enfrenta” y prevenir una “inminente conmoción interna”. Argumentó que su decisión, que durará 60 días, quiere garantizar en debida forma “el acceso a la justicia contemplado en la Constitución”. La justicia está en manos de un consejo transitorio de la judicatura, como resultado de la decisión mayoritaria de una consulta popular.