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El gobernador tiene hasta el 30 para refrendar o rechazar la iniciativa

Senado californiano aprueba otorgar becas a estudiantes indocumentados

El proyecto del demócrata Gil Cedillo ya fue aceptado por la Cámara baja

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Los asambleístas demócratas Ricardo Lara y Betsy Butler analizan en el Capitolio de Sacramento medidas en favor de estudiantes indocumentadosFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Viernes 2 de septiembre de 2011, p. 24

San Diego, 1° de septiembre. El Senado de California aprobó hoy por primera vez otorgar becas estatales a los estudiantes indocumentados de educación superior.

La iniciativa AB130 del demócrata Gil Cedillo ya había sido aprobada en la Cámara baja y pasó este jueves al despacho del gobernador Jerry Brown, quien tiene hasta el 30 de septiembre para refrendarla o rechazarla.

El mandatario estatal firmó el mes pasado una legislación complementaria, la AB131, que convirtió a California en el primer estado que acepta becas privadas para los inmigrantes.

La AB130 otorga becas estatales, o CalGrants, para los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal, a excepción de las colegiaturas para más de cien colegios comunitarios.

Cedillo calculó que la propuesta legislativa beneficia en lo inmediato a unos 24 mil alumnos de educación superior, que en su mayoría llegaron a Estados Unidos cuando eran niños para acompañar a sus padres.

Las dos iniciativas legislativas, la AB130 y la AB131, conforman el Acta del Sueño de California, una réplica de la propuesta de ley estancada en el Senado que de aprobarse legalizaría a los estudiantes indocumentados.

En California, las dos iniciativas se basan en otra ley aprobada antes, la AB560, que permite a los estudiantes la instrucción superior a condición de que hayan estudiado durante tres años en preparatorias en California y se comprometan a buscar la legalización en cuanto tengan oportunidad.

Las iniciativas fueron aprobadas en momentos en que en varios estados del país cobran fuerza medidas antimigrantes. Una jueza federal suspendió temporalmente el lunes pasado la implementación de la ley antimigrante más severa de Estados Unidos ante demandas legales y la oposición de de agrupaciones latinas, el Departamento de Justicia y líderes cristianos, que la denuncian como anticonstitucional y racista.

En Arizona, Georgia, Utah e Indiana también se han impulsado leyes antimigrantes, que han sido suspendidas en parte o completamente por jueces federales y permanecen bajo disputa judicial.