¿Qué paso con la asistencia técnica y la capacitación en México?

Si hay algo que satisface a una persona es ayudar
a otros a colaborar para que mejoren, ayudar
para que otros puedan vivir de manera diferente
todo eso que sufrimos la gente del campo.
Eric Holt Jiménez

Héctor M. Robles Berlanga

En la s décadas 80s y 90s se cuestionaba la calidad de los servicios de asistencia técnica y capacitación que brindaba el Estado mexicano. Los distintos actores del medio rural coincidían en que era necesario transformarlos, mas no había acuerdo en la orientación y forma de proporcionarlos; por un lado, se expresaba que estos servicios debían “modernizarse” y adecuarse a los requerimientos del mercado y de la globalización, y por el otro se insistía que deberían de ligarse a los procesos organizativos, reconocer el papel central de los productores y atender preferentemente a las Unidades de Producción (UP) medianas y de pequeña escala.

Las políticas gubernamentales implementadas en las tres décadas recientes coincidían con el primer planteamiento, de ahí que se realizaron las siguientes acciones: reorientación de la producción ligada a los mercados globales, lo que obligó a los productores a aprender a moverse en esos nuevos espacios; la desaparición del papel regulador del Estado; la promoción de la contratación de servicios profesionales (despachos, agencias de desarrollo, etcétera); desacoplamiento de los apoyos gubernamentales a la asistencia técnica, y la constitución de un sinnúmero de organizaciones económicas para la producción que deberían ligarse a la cadena de valor de manera independiente al Estado.

Además, se realizaron reformas al marco legal. En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), capítulo III, artículos 41 al 52, se estableció que “Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable” y se creó el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (Sinacatri).

Estos cambios tenían como propósito desarrollar la capacidad de los productores; impulsar sus habilidades empresariales; fortalecer la autonomía del productor y de los diversos agentes del sector; promover el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los programas y apoyos institucionales; apoyar a los productores para acceder y participar activamente en los mecanismos relativos al crédito y al financiamiento y para acceder a la información de mercados y mecanismos de acceso a los mismos, y contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el medio rural.

Para ver si esta política pública impulsada desde el Estado ha dado resultado, veamos cuál era la problemática a la que se quería dar respuesta. En el diagnóstico se señalaba que los servicios de asistencia técnica y capacitación no se encontraban asociados al logro de resultados; la asistencia técnica era vertical y no incorporaba a los productores rurales en el control y seguimiento ni en la transmisión del conocimiento de campesino a campesino. Eran también costosos, pues existía un sinnúmero de técnicos pertenecientes a las instituciones que realmente no brindaban un adecuado servicio; los apoyos gubernamentales que se otorgaban se encontraban disociados del financiamiento y no permitían ligar al productor a las cadenas de valor. Los servicios eran burocráticos y clientelares, y su cobertura, muy baja. De acuerdo con el Censo Agrícola Ganadero 1991, recibieron estos servicios el 8.7 por ciento de las UP con actividad agropecuaria o forestal que existían en ese año en el país.

Veamos cuáles fueron algunos de sus resultados:

• Los servicios de asistencia técnica y capacitación siguen desligados de los resultados. Algunos ejemplos que apuntan en esta dirección: 70 por ciento de los invernaderos impulsados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no operan actualmente. Tampoco se logró incorporar a los productores a la cadena de valor, pues de acuerdo con el Censo Agrícola Ganadero 2007, el 97.4 por ciento no transforman la producción y el 58.9 por ciento de los que venden su producción, lo hacen local o regionalmente a intermediarios o mayoristas y sólo un 0.8 por ciento exporta su producción. Esta falta de resultados se encuentra asociada en parte a la insuficiencia de mecanismos de seguimiento y supervisión por parte de las instituciones de gobierno.

• Las coberturas siguen siendo muy bajas, incluso menores a las que se otorgaban en 1991, como señalábamos arriba. La cobertura en ese año fue de 8.7 por ciento de las UP y hoy es de 3.2. Considerando a los productores con servicios Prodesca-Sagarpa 2007 (comparable al Censo), se atendieron 255 mil 923 personas, lo que representaría una cobertura del 6.8 por ciento, es decir, menor a la registrada en 1991. En 2010 se alcanzó la cobertura de los 90s, por medio del programa Soporte que atendió a 350 mil productores (este dato debe ser ajustado a la baja pues varios de los productores aparecen que recibieron el servicio más de una vez).

• Apoyos a la producción, servicios técnicos y financiamiento se encuentran desacoplados. Por un lado, los apoyos de la vertiente de competitividad: Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Ingreso Agropecuario, Prevención y Manejo de Riesgos, Fondos Regionales, Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), por mencionar sólo algunos, se otorgan sin que sea necesario u obligatorio dar capacitación o asistencia técnica. Por otro lado, la mayoría de los productores no recibe financiamiento (la cobertura crediticia es del 4 por ciento). Este desacoplamiento de la política pública no permite que las UP sean ahora más competitivas que en el siglo pasado, como lo reflejaron los datos del Censo Agrícola Ganadero 2007.

• Sistema de capacitación ineficiente. Entre los señalamientos más recurrentes sobre cómo se prestaban los servicios técnicos en el pasado, resaltan: su alto costo en relación a su cobertura, la mala calidad del servicio y la gran burocracia que implicaba. En la actualidad se siguen presentando esos problemas. Año con año, con recursos co-ejercidos entre Sagarpa y los gobiernos de los estados, se contrata a diez mil 223 profesionales. Con este dato, se tiene el indicador de profesionistas por unidad de superficie de 1:398, similar al registrado en países desarrollados (1:400), ligeramente menor al de Estados Unidos (1:330), superior al de Europa (1:435) y muy superior al registrado en Asía y África (1:1,800 a 1,300). Sin embargo, si consideramos a los 21 mil 934 Prestadores de Servicios Profesionales (PSPs) registrados en Sagarpa y a los ocho mil técnicos de las otras instituciones que inciden en el sector rural, se obtiene una cifra de 30 mil técnicos, con lo que el indicador sería de 1:135. Este dato no explica por qué se atiende a tan pocas unidades de producción, por qué un gran número de proyectos apoyados con subsidios no funcionan, y por qué no se ha reflejado en una mayor participación de los productores en la cadena de valor (97 por ciento de las UP no transforma su producción).

Entre las explicaciones que se han dado respecto de los bajos resultados obtenidos con los servicios de asistencia técnica se tienen las siguientes: los técnicos visitan muy pocas veces a los productores y no le dan seguimiento continuo a los proyectos; la inestabilidad laboral de los PSPs no permite planear a largo plazo; la movilidad de los técnicos, independientemente de su capacidad técnica, por cambios administrativos en gobiernos estatales y municipales; la conversión de técnicos y despachos en elaboradores de proyectos para “bajar” recursos públicos, sin importar la viabilidad técnica del proyecto; el favoritismo de representantes institucionales con determinados profesionistas para que sean ellos los que presten los servicios técnicos, y el nuevo neocorporativismo: empresas que promueven mediante los técnicos compra de insumos (herramientas, fertilizantes), en lugar de promover proyectos de largo plazo orientados a la inversión en infraestructura y la generación de tecnologías adecuadas, y organizaciones de productores que forman sus cuerpos técnicos, que fungen como intermediarios ante los productores y los comprometen políticamente y que realizan eventos de capacitación (FORMAR apoyó 189 eventos en 2010) orientados a otros temas y menos a la formación técnica.

• Falta de consolidación de un sistema de servicios de asistencia técnica y capacitación. Esta falta de fortalecimiento de los servicios técnicos es motivada por a: a) constantes cambios; por ejemplo, la Sagarpa empezó con el Programa Especial de Asistencia Técnica y el Programa de Capacitación y Extensión (1995-2000), continuó con el Programa de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural (2001), Programa de Desarrollo de Capacidades (2002-2007), Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología (2007-2009) y por último el Programa de Soporte (2008-2010); b) distintas instancias que actúan en un mismo territorio y que no siempre se coordinan, al contrario compiten entre sí: Fundaciones Produce, PSPs, Agencias de Desarrollo Rural, Agencias de Innovación Tecnológica (AGIs), técnicos dependientes de los gobiernos de los estados y de otras instituciones federales; c) Visión sectorial más que de desarrollo territorial, cada institución federal cuenta con programas de Capacitación y Asistencia Técnica (FIRA, Conafor, CDI, Fonaes, por mencionar algunas) para atender una problemática sectorial específica y no una del territorio; y d) el Sinacatri, producto de la LDRS, se instaló pero prácticamente no opera como Sistema.

Estos resultados obligan a reflexionar sobre una política de servicios de asistencia técnica y capacitación rural que responda a las necesidades de la mayoría de los productores rurales, especialmente los de pequeña escala que son la mayoría (en México, 75 por ciento de las UP tienen menos de cinco hectáreas). Creo que la política debería de recoger los enormes esfuerzos que realizan distintos actores rurales, bajo la premisa de educación dialógica y horizontal y de las grandes posibilidades de la transmisión de aprendizajes de campesino a campesino.

Por ejemplo, agrupaciones de productores como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), que presta servicios sobre el comportamiento del mercado, promueve la adopción de tecnologías limpias y trata de incidir en las políticas públicas dirigidas al sector; Tosepan Titataniske, que cuenta con un centro de formación para la formación (Kaltaixpetaniloyan) en la Sierra Norte de Puebla, donde se busca el desarrollo de conciencias, la apropiación de conocimiento y la experimentación campesina, y la Asociación Nacional de Empresas Campesinas (ANEC) que cuenta con un programa propio de Desarrollo Productivo Sustentable con Destino, que tiene sus orígenes hace 15 años y que logró elevar el rendimiento de maíz de sus socios en un 45 por ciento, sobre la base de reconocer que la fortaleza de los campesinos requiere una visión holística, es decir sustentabilidad ecológica y sustentabilidad económica juntas, y que el principio de todo está en la tierra misma, esto es en los insumos y los métodos con que se le hace trabajar de forma amable con los recursos tierra y agua.

También propuestas educativas como la Universidad Campesina del Sur (Unicam Sur) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder). El primero es un proyecto de universidad campesina promovido por organizaciones de productores de Morelos y Guerrero y que funciona sobre cinco ejes programáticos: historia y cultura; economía solidaria y políticas públicas; organización social y metodologías participativas; desarrollo regional y medio ambiente, y salud y desarrollo. El Cesder tiene una experiencia de trabajo de 25 años en la Sierra Norte de Puebla y concibe el desarrollo como un proceso largo que se funda en el fortalecimiento de la capacidad grupal para definir y trabajar en torno a proyectos colectivos de felicidad que se proponga el logro de una vida digna para los individuos, la familia y la comunidad. Sus ejes programáticos son: organización y ciudadanía; bienestar familiar y comunitario; producción y medio ambiente y economía.

FOTO: Lourdes Rudiño Promueve la Sagarpa nueva estrategia de extensionismo Lourdes Rudiño Con un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos, este año la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) inició un programa de Extensionismo Rural, donde está comenzando a involucrar a las universidades estatales y nacionales, y si bien está orientado a todo tipo de productores agropecuarios, prevé efectos rápidos en aquellos de pequeña y mediana escala, tanto en productividad, como en acceso a mercados, incluso en creación de mecanismos de microfinanzas; en una frase, “en mayor empresarialidad”. En entrevista, el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez, recordó que este año la Sagarpa modificó su estructura, de tal forma que se determinaron seis programas para aterrizar la política agrícola. Uno de ellos es el de “desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural” y su objetivo es desarrollar capital humano, “lo cual es ineludible, pues podemos hablar de ingreso, subsidios, conservación de recursos naturales, toda una serie de estrategias, pero si no hablamos del desarrollo de estas capacidades, vamos a quedar muy cortos”. Para lograr esto se consideran dos vertientes en el programa: una, mejorar la calidad y el servicio de los prestadores de servicios profesionales (PSPs), que son quienes están en contacto directo con las comunidades y los productores. “Queremos entrar paulatinamente a un proceso de certificaciones laborales de esos PSPs”. Y dos, ir metiendo al campo en las redes del conocimiento, motivando que universidades, centros de investigación y en general instituciones que tienen que ver con el desarrollo de tecnología, se vinculen al campo. Precisó que esta estrategia surgió de ideas expresadas por el titular de la Sagarpa y por el propio Rivera Rodríguez, pero también por recomendaciones hechas por la Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Es un híbrido”. El año pasado, comentó, la Sagarpa pidió a la OCDE que hiciera una evaluación del extensionismo rural en México con comparativos con los países de la OCDE y de América Latina. El resultado ya se tiene y en breve se hará público –se presentará en dos seminarios sobre el tema que realizará pronto la Subsecretaría de Desarrollo Rural en la Ciudad de México y Tabasco–, pero uno de los elementos que plantea es la insuficiente calidad de los PSPs. Y en eso coinciden evaluaciones hechas por la Sagarpa y quejas recurrentes de los productores. Hay PSPs cuya labor se constriñe a “bajar” apoyos, gestionarlos. “Eso no es un trabajo de desarrollo ni de transferencia de tecnología, no va a mejorar la productividad. Quisiéramos evitar eso con el tiempo”, dijo el subsecretario. Señaló que el programa de Extensionismo Rural aspira a que los PSPs –de los cuales la Sagarpa tiene registrados unos ocho mil en el país—generen servicios de más calidad, para que así los recursos con que la Secretaría subsidia a los productores para la contratación de técnicos (con alrededor de 90 por ciento del valor del servicio) “tengan mayor eficiencia, mayor efectividad”. Y más aún: “queremos que se reacomode ese mercado laboral que se ha ido formando de servicios, por áreas de especialidad, por temas que respondan a las necesidades de los productores”. Respecto de las universidades, “lo que nos interesa mucho es que creen departamentos o áreas de extensionismo rural no sólo con la concepción agropecuaria o pesquera, y es que ubicamos que las necesidades del campo, en especial de los pequeños y medianos productores, van más allá de una receta de fertilización o control de plagas. Necesitan servicios más amplios, dependiendo de su grado de participación en el mercado y muchas otras variables. Yo digo: los productores necesitan no sólo veterinarios y agrónomos, también contadores, financieros, abogados, ingenieros civiles, dependiendo de la naturaleza de los proyectos”. El funcionario dijo que el programa prevé para este año tener dentro del esquema a por lo menos una universidad por cada estado de la República; ya han incorporado a unas 24. “Y queremos que las universidades nacionales (están consideradas la UNAM, Chapingo, el Colegio de Posgraduados, el Tenológico de Monterrey, entre otras) sean el segundo piso, que entrenen a las locales en el tema rural. Asimismo, este año se iniciará el proceso de certificación de unos cuatro mil PSPs y se aspira a cubrir a la totalidad posteriormente. Las universidades estatales certificarán a los PSPs con base en protocolos que describan las especialidades de los técnicos y las características que deben cubrir. Para ello, la Sagarpa firmará un acuerdo con CONOCER, entidad certificadora de competencias laborales de la Secretaría de Educación Pública. La figura de extensionista está prevista para las universidades, no para los PSPs, comentó Rivera Rodríguez, y recordó que cuando se dio a conocer esta estrategia muchos técnicos se acercaron a la Sagarpa con la expectativa de que se recrearía el viejo extensionismo rural, cuando los agrónomos egresaban y conseguían de inmediato trabajo en las entidades de gobierno. Y no se trata de eso. El entrevistado comentó que ha sido muy buena la respuesta de las universidades. “Muchas han de haber pensado ‘el campo no es mi campo’, pero al escucharnos vieron que pueden contribuir como centros universitarios en proyectos concretos, (además de) tener la base de elementos para capacitar mejor a sus alumnos y para que los profesores tengan un contacto con la realidad que enriquezca a la academia y genere oportunidades de investigación, desarrollo, transferencia d tecnología en las universidades para los productores”. Dijo que los productores y la naturaleza son sabios, y los primeros conocen por supuesto su negocio. Pero el programa de Extensionismo prevé que los productores “de n cierto orden” a su actividad. Así, sus procesos productivos se harán más eficientes y se despertará en ellos la visión de “empresarialidad”. Eso detonará más productividad y más acceso a los mercados.