Brasil
La hidroeléctrica de Belo Monte
La Amazonía en riesgo de caos
Joana Moncau y Spensy Pimentel*
SAO PAULO, BRASIL. Empezó la cuenta regresiva en Altamira (Pará), donde el gobierno brasileño pretende construir la hidroeléctrica de Belo Monte. El proyecto costará una fortuna, de las arcas públicas, unos 19 mil millones de dólares, además de traer una serie de perjuicios incalculables a uno de los principales ríos de la Amazonía brasileña, el Xingu, uno de los mayores símbolos de la diversidad biológica y social en la región, en virtud de los numerosos pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales que habitan sus orillas.
El pasado primero de junio, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) concedió la licencia de instalación a Belo Monte, el último trámite que le faltaba a la empresa. Para la prensa, el gobierno brasileño está fijando un conjunto de 23 condicionantes ambientales cuyo cumplimento sería fiscalizado. Pero hasta los mismos órganos del Estado brasileño, como el Ministerio Público Federal (MPF), cuestionan duramente la capacidad de aplicación de esas medidas. Por ejemplo, la licencia previa otorgada en el 2010 ya contemplaba 40 condicionantes ambientales, 26 relacionadas con los pueblos indígenas. La atención de al menos 60 por ciento de ellas está atrasada, según denuncian el propio MPF, y las organizaciones indígenas, los movimientos sociales y las ONG que actúan en la región.
Mientras la medicina viene a caballo, los problemas llegan en camión, avión y barco. Dos meses después de que el Ibama diera luz verde al proyecto, los impactos de la instalación de la obra ya comienzan a sentirse en la población local. No pasaron 20 días de que se concedió la licencia cuando iniciaron las obras para recibir a los millares de trabajadores que levantarán la planta. Poco después, ya desembarcaban máquinas en el Caís de Vitória do Xingu, a 50 kilómetros de Altamira.
El consorcio de empresas responsable de la construcción, la Norte Energía, supone la migración de cerca de 100 mil personas a Altamira, lo que duplicará la población de la ciudad, que actualmente es de menos de 100 mil habitantes. Considerando que el cálculo es que en el periodo pico de la obra, el año 2013, se emplearán hasta 19 mil personas, se puede hablar de un promedio de por el menos 80 mil trabajadores sin destino cierto.
Los impactos de esa alta migración ya comienzan a sentirse en la población local, principalmente presiones por la vivienda. Las rentas se disparan y hay comunidades pobres que comienzan a ser desplazadas de barrios pobres de la ciudad, conocidos como “baixões”, que deberán ser sumergidos con la construcción de la presa. De las cerca de 6 mil 500 familias de esos barrios que pueden desaparecer bajo el agua, cerca de mil 200 que serán expulsadas ya buscan ocupar terrenos en la ciudad. El pasado 3 de agosto, los movimientos sociales de Altamira realizaron una protesta con cerca de mil personas que denunciaron esos y otros impactos de la obra, durante el lanzamiento de la Operación Ciudadana Xingu (serie de servicios del gobierno federal que busca minimizar los impactos sociales de la obra).
Entre las 16 condicionantes ambientales de la licencia previa, aún no cumplidas, están varias medidas relacionadas con la calidad del agua, la educación, la salud y el saneamiento que podrían minimizar los efectos de la migración en masa. Según la relatoría enviada por el Consorcio Norte Energía al MPF, de las 69 obras enlistadas, apenas dos están concluidas y 16 se iniciaron el pasado mayo. La obra de saneamiento, por ejemplo, prevista para concluirse en el 2014, ya es esencial ahora, pues los migrantes están llegando. Actualmente, 70 por ciento de las casas de la ciudad no tienen acceso a servicios de saneamiento. En cuanto a las condicionantes indígenas, apenas dos fueron cumplidas de manera integral.
Argumentos en contra la obra sobran. El día que fue concedida la licencia, el Panel de Especialistas para el Análisis Crítico de Belo Monte —grupo de científicos organizado para hacer un análisis crítico y autónomo del proyecto— envió una carta a la presidenta Dilma Rousseff, firmada por 300 científicos de las principales universidades brasileñas, en la que piden la suspensión inmediata de la licencia concedida por el Ibama para la construcción de la planta, y califican la concesión como “un acto de imprudencia”. El Ministerio Público Federal ya sometió a juicio 11 acciones por problemas en el otorgamiento de la licencia de Belo Monte, exigiendo la suspensión de las autorizaciones para la obra. La última de ellas cuestiona la licencia sin exigir las acciones previas, alegando que hay “riesgo de caos social”.
El pasado 20 de julio, líderes indígenas arara y juruna enviaron una carta al relator especial de la ONU, James Anaya, para pedir su apoyo e intervención en la lucha contra Belo Monte. Estos pueblos residen en la región de Volta Grande do Xingu, la cual, después de concretarse la obra de la planta, quedará seca en gran parte, en un trecho que alcanza 100 kilómetros, afectando las tierras indígenas Paquiçamba y Arara da Volta Grande.
Los representantes indígenas denuncian la falta de voluntad del gobierno brasileño de respetar las medidas cautelares solicitadas en abril de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las comunidades reclaman que no hubo un proceso de consulta libre, previo e informado, antes de ser autorizada una obra que los afectará. “Además de que no nos consultaron anteriormente, el Estado no está haciendo absolutamente nada para cambiar este cuadro”, lamentan.
Belo Monte es la nueva versión de un proyecto lanzado por la dictadura militar brasileña en los años setenta: el Complejo de Kararaô, que suponía la construcción de hasta seis presas en el Xingu. El proyecto, archivado después de una intensa movilización indígena y contundentes cuestionamientos sobre sus impactos socioambientales, fue recuperado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en un periodo en que se retomaron las inversiones en infraestructura por cuenta del crecimiento económico.
Lula retomó el proyecto dispuesto a concretarlo de cualquier modo, incluso con el 80 por ciento de financiamiento público, por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El proyecto prevé la construcción de una planta de 11 mil MW, que sería la tercera más grande del mundo, y la segunda mayor hidroeléctrica del país en capacidad instalada. Sin embargo, las grandes variaciones del río, entre seco y lleno, harán que, en promedio, sólo produzca 4 mil 500 MW (en los periodos de seca, apenas mil 800). El bajo aprovechamiento, sumado al historial del proyecto, que suponía la construcción de más de una presa en el río, hace con que los opositores sospechen que más obras pueden venir en el futuro.
La prisa del gobierno y del consorcio Norte Energía para concretar Belo Monte contrasta con la incertidumbre sobre la eficacia económica y técnica de la obra. “Hasta ahora no se sabe de cierto cuánto va costar. Ninguna empresa quiere asumir la obra. Para que esa planta tenga un mínimo de producción será necesario abrir un canal en la región más grande que el de Panamá. No se sabe qué sucederá con los indios y ribereños”, opina el periodista Washington Novaes, uno de los más destacados analistas brasileños sobre la temática ambiental. “Hay varios estudios que dicen que no hay necesidad de ampliar la oferta de energía, y en cambio hay que conservar y economizar.”
“A quién le va servir la energía producida?” cuestiona Novaes. “Los países del primer mundo no quieren producir aluminio y le dan la tarea a países como Brasil, porque el costo ambiental es alto. Belo Monte no debería de haberse pensado siquiera”.
Megaron, importante líder de los kayapó, uno de los pueblos indígenas más activos en la lucha contra la planta, mantiene la esperanza de frenar el proyecto: “El gobierno quiere construir Belo Monte de cualquier modo. No sé qué va a hacer mi pueblo, qué van a hacer los guerreros. Ellos se van a organizar, se van juntar con otras personas que utilizan el Xingu para sobrevivir y van a frenar esa construcción. Será una respuesta ante el gobierno de Dilma, que no conversa con los indios, con los ribereños, con los pescadores, no quiere respetar a los que luchan y viven para que sobreviva el Xingu”.
* con la colaboración de Bianca Pyl
 Foto: Verena Glass |