La revelación que hizo el diario The New York Times respecto de que México se convirtió en la zona cero de la lucha contra el narcotráfico provocó reacciones de molestia y preocupación entre juristas y especialistas en seguridad y justicia mexicanos.

Los presidentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y de la Unión Nacional de Juristas de México, Manuel Fuentes Muñiz y Eduardo Miranda Esquivel, respectivamente, coincidieron en que estos convenios binacionales de cooperación, enfocados a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, como el que mantienen México y Estados Unidos, violan la Constitución mexicana.

Ambas organizaciones agrupan a juristas de corte progresista a escala nacional.

Entrega de soberanía

Fuentes Muñiz sostuvo que no es únicamente una muestra de incapacidad gubernamental de las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, sino también es una entrega de soberanía y una violación descarada a la Constitución.

Destacó que la Carta Magna establece en su artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función.

El diario estadunidense publicó ayer en su página de Internet que los intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes de narcotraficantes.

México se convirtió en la zona cero de la lucha contra el narcotráfico, cuyos cárteles son responsables de más de 80 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos, por lo que ha recibido más asistencia antinarcóticos en los últimos tres años que Afganistán y Colombia, aseguró el rotativo.

El penalista Heraclio Bonilla consideró que “el absurdo señalamiento de que los cárteles mexicanos son responsables de ingresar 80 por ciento de la droga demandada por estadunidenses es una evidencia de que quienes integran el gobierno de Obama piensan que estamos igual de dañados que su pueblo y no tenemos capacidad para analizar los datos que ellos mismos generan.

“Si el intercambio de información y la suma de inteligencias han dado tan buenos resultados en capturas y ejecuciones, ¿por qué no ha descendido el nivel de ingreso de drogas al vecino del norte? ¿A quién le están haciendo el trabajo?”, se cuestionó el ex abogado del ex presidente Luis Echeverría.

En su reportaje, el NYT indicó que en fecha reciente operativos de la CIA y civiles con entrenamiento militar han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde “por primera vez funcionarios de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recolectar información sobre los cárteles de las droga y colaboran para planear operaciones”.

Este punto es el que causó mayor extrañeza a los especialistas consultados por este diario. La información revela una alta dependencia del calderonismo respecto del gobierno de Estados Unidos en materia de investigación de delitos, es decir, un colonialismo en materia de investigación y justicia penal, opinó el presidente de la ANAD.

Fuentes Muñiz exhortó al Congreso de la Unión para que, mediante una investigación, determine si hay responsabilidades de Calderón o de algún miembro de su gabinete encargado de la política internacional.

En el mismo sentido, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, consideró que lo revelado por el rotativo demuestra que hay una silenciosa invasión a la soberanía nacional por parte del gobierno estadunidense.

El también vocero del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo –integrado por un centenar de organizaciones sociales, obreras, campesinas, de juristas y de otros sectores que apoyan la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República– indicó que es vergonzoso e ilegal que el gobierno mexicano permita la operación de la CIA y de otros cuerpos policiacos y militares estadunidenses en territorio nacional para combatir a la delincuencia organizada que opera en México.

No es porque estemos en contra de que se combata al crimen trasnacional, que no se confunda. Señalamos el error de cálculo del gobierno calderonista, que al avalar esta política intervencionista permite que se refuerce la penetración e intervención económica, política, cultural y ahora policiaco-militar de Estados Unidos en México, sostuvo Miranda Esquivel.

Sobre los intercambios de información entre Estados Unidos y México, Vargas Aguilar recordó que nunca ha sido gratuito el apoyo que el gobierno del vecino país del norte le ha dado al mexicano, pues siempre va inmersa una intención de dominación o de imposición de sus políticas económicas, sociales o de seguridad nacional.

¿Cómo es posible que nuestro país reciba más asistencia antinarcóticos que Colombia y Afganistán? ¿De qué tamaño será el problema que enfrentamos, que ahora hasta la CIA (Agencia Central de Inteligencian de Estados Unidos) está operando en una base militar mexicana? Con esta información periodística queda la impresión de que los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama nos están ocultando la verdadera dimensión del problema, o la verdadera intención del gobierno estadunidense, cuestionó Simón Vargas Aguilar, colaborador de La Jornada.

Colaboración hipócrita

La colaboración del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico resulta hipócrita, pues no hay un compromiso de frenar el consumo, que es el motor principal de este negocio ilícito, aseguró Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Al comentar las versiones periodísticas sobre el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, que han derivado en un aumento en la captura y eliminación de líderes narcotraficantes, el activista de derechos humanos señaló que esta participación de agentes estadunidenses se da sin ningún mecanismo de control.

Incluso, dijo, pareciera que el diseño de estas políticas y estrategias responden más a los intereses del país vecino que a los de México.

En entrevista, Cortez señaló que hasta ahora ha sido México el que ha pagado los costos sociales de esta lucha, donde Estados Unidos no se ha comprometido en el tema de disminuir el consumo de drogas, por lo que su colaboración resulta hipócrita. Señaló que mientras exista demanda de narcóticos, será materialmente imposible avanzar en esta lucha.

El activista agregó que la capacitación de cuerpos policiacos, dentro de un marco regulatorio transparente, resulta razonable, pero es inadmisible que agentes de Estados Unidos participen en interrogatorios de presuntos responsables vinculados con el crimen organizado en territorio nacional, pues esa es una tarea exclusiva de autoridades mexicanas.

Además advirtió contra la obtención ilegal de documentos o pruebas para inculpar a alguien, producto de intervención de comunicaciones sin la previa solicitud y autorización de los jueces.

De acuerdo con versiones periodísticas, fuerzas estadunidenses han entrenado más de 4 mil agentes federales mexicanos y han realizado grabaciones de conversaciones e interrogado a sospechosos.