n su edición de ayer, The New York Times informó de la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo y de militares estadunidenses en retiro, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada emprendida por la administración calderonista desde su inicio. A decir del rotativo neoyorquino, esos extranjeros han manejado informantes, interrogado a sospechosos, grabado conversaciones y entrenado a miles de policías federales mexicanos, además de que el gobierno del país vecino ha participado en el diseño de cuando menos una base militar en el norte de México, ideada sobre el concepto de los centros de fusión de inteligencia, como los instalados por las fuerzas estadunidenses de ocupación en Afganistán.

No cabe llamarse a sorpresa por los datos referidos, porque en meses recientes la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país –y la aceptación de ella por el gobierno federal mexicano– ha sido documentada de diversas formas: desde la participación del ex embajador Tony Garza en el ascenso al poder de Felipe Calderón –narrada por el propio diplomático en un reporte que Wikileaks entregó a este diario– con el propósito de promover y hacer progresar las áreas que son prioritarias para nosotros, hasta el suministro de miles de armas de fuego a uno de los cárteles que operan en el país, en el marco del operativo Rápido y furioso, coordinado por la dependencia encargada del control del alcohol, el tabaco y las armas de fuego (ATF), con asistencia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la agencia antidrogas (DEA) del gobierno estadunidense, pasando por el diseño de tácticas de seguridad –como reportó en su momento el sucesor de Garza, Carlos Pascual– para Ciudad Juárez, y por el patrullaje del territorio nacional con aviones no tripulados y controlados desde centros de comando situados en territorio de la potencia vecina.

Sin embargo, la información divulgada ayer por el diario neoyorquino confirma la flagrante violación del marco legal nacional por agentes extranjeros destacados en nuestro territorio y, lo más grave, por las autoridades federales mexicanas, las cuales han tolerado y hasta promovido semejante atropello a la soberanía nacional y a preceptos constitucionales como el expresado en el artículo 32 de la Carta Magna, en lo que constituye una actitud entreguista y lesiva para la soberanía y la independencia nacionales.

El dato, también contenido en la nota referida, de que la actividad de instituciones y personal foráneos en nuestro país ha llevado a la captura o la muerte de una treintena de narcotraficantes, no da pie para triunfalismo alguno, toda vez que las acciones gubernamentales correspondientes se ven desvirtuadas y afectadas por un factor de ilegalidad de origen.

Tampoco hay motivo para alegrarse por la cooperación de un gobierno que con una mano ofrece su asistencia en el combate a la delincuencia y con la otra abastece de armas al crimen organizado y le facilita el lavado masivo de dinero en entidades financieras estadunidenses. Aceptar ese doble juego de Washington en materia de seguridad agrava la debilidad de la presente administración, de por sí afectada por su déficit original de legitimidad y por la pérdida de control territorial en diversas regiones del país, y erosiona de manera adicional el imperio de la legalidad.

Resulta urgente que el Senado tome cartas en el asunto y demande un informe claro y detallado de la presencia de efectivos, agentes o dependencias de Estados Unidos en México. La sociedad, por su parte, debe exigir al gobierno el cese de las acciones injerencistas estadunidenses en nuestro territorio.