Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría poner fin al conflicto que desde hace más de una década mantiene el Gobierno del Distrito Federal (GDF) con la empresa Promotora Internacional Santa Fe, derivado de la expropiación del predio conocido como El Encino, delegación Cuajimalpa.

Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, detalló que las opciones son: que la administración regrese el predio a su anterior propietario o que en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo se admita un cumplimiento sustituto, es decir, el pago por la expropiación de El Encino.

Abundó que en este caso el monto del pago dependerá del avalúo que se haga; no obstante, la consejera estimó que podría ser de alrededor de 70 millones de pesos.

En el gobierno capitalino hay confianza de que la resolución de los ministros le será favorable.

El 10 y 14 de noviembre de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expropiaron dos fracciones del predio conocido como El Encino con el propósito de construir la ampliación de las vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Veinte días después la empresa Promotora Internacional Santa Fe interpuso un amparo contra el decreto, sus efectos y consecuencias.

El 26 de octubre de 2001 un juez de distrito otorgó a la empresa el amparo contra la expropiación, y el 17 de abril de 2002 el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito lo confirmó.

El gobierno capitalino argumentó que no podía regresar las fracciones expropiadas porque esto causaría un perjuicio grave a la sociedad. En 2003 se remite el expediente a la SCJN.

Aunque los trabajos se habían suspendido, en mayo de 2004, el presidente Vicente Fox, mediante la Procuraduría General de la República, solicitó el desafuero del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que incurrió en el delito de abuso de autoridad al haber incumplido una suspensión definitiva en el juicio relativo al predio El Encino.

En 2005 Fox da marcha atrás y el expediente se archiva casi tres años.

El 8 de diciembre de 2008 se notificó al gobierno capitalino de la resolución del juez noveno de distrito, que determinó que no existía imposibilidad material ni jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y que no se afectaba gravemente a la sociedad o terceros.

Días después el Gobierno del DF promovió una serie de recursos de queja en contra de la anterior resolución.

En agosto de 2010, cuatro ministros se pronunciaron a favor de que se ordenara el cumplimiento sustitutivo, cuatro se manifestaron en contra, y dos señalaron que requerían de más elementos para emitir una opinión.

El expediente se reasignó al ministro José Ramón Cossío Díaz, quien solicitó un dictamen técnico a expertos de urbanismo de la UNAM.