Human Rights Watch (HRW) manifestó ayer que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que los tribunales mexicanos tienen la obligación de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero en 1974, en la denominada guerra sucia, debería acelerar la reforma del sistema de justicia militar.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, dijo que en su sentencia de noviembre de 2009, la CIDH determinó que el Ejército mexicano es responsable de la desaparición de Radilla Pacheco y que el gobierno no ha investigado adecuadamente el crimen, por lo que ordenó a México modificar el Código de Justicia Militar para compatibilizarlo con los estándares internacionales, y afirmó que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, por ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

Refirió que la SCJN ha determinado que la sentencia de la CIDH debe aplicarse, por lo que el presidente Felipe Calderón y el Congreso de la Unión deben reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que se cumpla esta sentencia”.

HRW destaca que la decisión en el caso Radilla es una de las cuatro resoluciones desde 2008 (incluidas dos de 2010) en que la CIDH determinó que militares cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra civiles. Añade que en agosto de 2010 estableció que las indígenas de Guerrero Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega fueron violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002.

Asimismo –señala–, en diciembre de 2010 el tribunal determinó que los militares detuvieron y torturaron a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Y en reiteradas ocasiones, la CIDH ha manifestado que la jurisdicción militar no debería aplicarse en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido con esta exigencia.

HRW refiere que en octubre de 2010, el presidente Calderón propuso reformas al Código de Justicia Militar que no cumplen con lo exigido en la sentencia de la CIDH.

Señala que la propuesta de Calderón considera que la desaparición forzada, violación sexual y tortura –delitos cometidos por militares contra civiles– sean juzgados por autoridades civiles, pero la investigación y el proceso de otras violaciones graves continuarían a cargo del sistema de justicia militar. Incluso otorgaría a las autoridades castrenses la facultad de determinar qué actos constituyen tales violaciones.