La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado, y exhortó a que los tribunales civiles investiguen estos casos, independientemente de quién haya sido el perpetrador.

Ante el presidente Felipe Calderón consideró que las medidas excepcionales aplicadas en el combate a la criminalidad deben estar acotadas en el tiempo, a lo que el mandatario federal respondió que no ha impuesto ningún régimen excepcional ni recurrido a medidas extraordinarias que cancelen los derechos humanos, aunque estén previstas en la Constitución.

Al recibir un balance de la ONU, el mandatario federal insistió en que los criminales más que el Estado son la principal amenaza de los derechos humanos, ya que permanentemente atentan contra periodistas, activistas, migrantes y ciudadanos honestos e inocentes.

Antes de hacer este pronunciamiento, Pillay conversó en privado con el Presidente, razón por la cual se retrasó media hora la ceremonia denominada Derechos humanos: México y la ONU. Construyendo el futuro, efectuada en la residencia oficial de Los Pinos.

La representante de la ONU prometió que seguirá muy de cerca el debate legislativo sobre los cambios propuestos en el ámbito del fuero militar –para que los soldados sean juzgados por tribunales civiles– y dijo esperar que el Congreso considere modificaciones que ampliarían la protección en contra de las violaciones a los derechos humanos.

Expresó que mantendrá altas expectativas de que su oficina en México desarrollará una cooperación intensa con las instancias de seguridad pública mexicanas, especialmente con las Fuerzas Armadas, en la construcción de métodos de trabajo que impulsen el respeto de los derechos fundamentales.

Pillay comentó que ningún país en el mundo tiene ropa limpia en todos momentos, y expresó su preocupación por los atroces atropellos que padecen los migrantes de las pandillas del crimen organizado.

Admitió que el reto de enfrentar a la delincuencia es abrumador y declaró entender las medidas especial es que debe aplicar el Estado para proteger a sus ciudadanos en un contexto de derecho, pero fue cuando advirtió que éstas deben ser excepcionales, acotadas en el tiempo y quedarse dentro de límites definidos por las normas y los principios de derechos humanos.

Veo con preocupación los presentes informes sobre violaciones de los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado en esta lucha en contra del crimen organizado. Y los exhortó a asegurarse de que haya una investigación plena de todos estos sucesos, que deberían ser tratados y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quien haya sido el perpetrador.

En su respuesta, Calderón ofreció que cualquier violación a tales derechos, por cualquier autoridad, debe ser perseguida y castigada, y ésa es la instrucción que ha dado y se está cumpliendo. De hecho, resaltó que muchos agentes de la fuerza pública han sido llevados a juicio y a la cárcel.

Argumentó que la sociedad ha resentido el embate violento de los grupos criminales y por eso su gobierno ha usado todas las herramientas del Estado para impedir que los delincuentes sigan atentando contras las libertades y derechos de los mexicanos.

Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario pero, debo aclararlo, sobre las normas ordinarias. No hay un régimen excepcional en nuestro país, por el contrario, estamos enfrentando a este insólito desafío con un esfuerzo extraordinario, pero sin normas extraordinarias, así sea que estén previstas, y desde hace mucho tiempo, en la Constitución Mexicana.

En su intento por justificar su estrategia contra la delincuencia, señaló que se debe hacer con firmeza y declaró tener una convicción profunda de respeto a la legalidad, la cual no hemos alterado, dijo.

Es un marco legal que ha continuado vigente, y donde no se ha hecho ni declaratorias extraordinarias ni situaciones excepcionales o cancelaciones de derechos humanos, que aunque estén previstas en la Constitución, no se ha recurrido a esta figura, explicó.

Presumió que a la par de esta lucha por la seguridad se han emprendido transformaciones de fondo que han colocado a México a la altura de las democracias más avanzadas en el marco legal que protege lo derechos humanos.

Entre esos avances mencionó las reformas en los ámbitos de derechos humanos, en materia de amparo, de migración y de justicia penal.