La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) salvaguardar el patrimonio del Issste y realizar las investigaciones necesarias para sancionar penal y administrativamente el presunto desvío de recursos en el instituto, luego de las acusaciones mutuas entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes.

Todas las fuerzas políticas votaron en favor de esa propuesta del PRI, pero las bancadas de PRD y PAN resaltaron que sólo se enfoca a investigar la actuación de Yunes.

Los priístas se cuidaron de no mencionar a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero el perredista Pablo Gómez les recordó que en esa trama corrupta también está implicada Elba Esther Gordillo.

Recalcó que antes de que regrese al PRI, partido al que ha sido formalmente invitada, se debe hacer algo para que el pueblo de México pueda conocer lo que Gordillo y Yunes hicieron a partir de 2006, ya que las acusaciones mutuas derivarán en un embarradero gigantesco.

Hay que investigar, dijo Pablo Gómez, por qué la SFP no hace nada y cuáles son los compromisos contraídos por el presidente Felipe Calderón con la señora Gordillo para poder favorecer estas actividades presuntamente ilícitas.

Se requiere saber también, agregó, de qué manera recursos procedentes de estas actividades ilícitas han llegado a las recientes campañas electorales para beneficiar a candidatos del PRI.

EL PAN, por conducto del senador Alejandro Zapata Perogordo, acusó de incongruentes a los priístas y les reclamó que no se hayan ocupado de exigir investigaciones de políticos corruptos como los ex gobernadores Arturo Montiel, del estado de México, y Ulises Ruiz, de Oaxaca, así como de Vicente Chaires, ex coordinador administrativo del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.

El diputado priísta Heliodoro Díaz respondió que ellos (los panistas) no van a pedir que se investigue a los hijos de Marta Sahagún o a César Nava, y sostuvo que las revelaciones de Yunes pueden ser una cortina de humo para que no se vea cómo el PRI arrasó en los recientes comicios.

La bancada priísta, en voz del diputado veracruzano Antonio Benítez Lucho, presentó el punto de acuerdo para exigir el esclarecimiento del manejo de recursos del Issste de 2007 a 2010, años en que Yunes dirigió el instituto. Dio a conocer múltiples irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2009 y pidió que se aclare el destino de 8 mil millones de pesos que el gobierno de Calderón aportó para la mejor atención de los derechohabientes.

Destacó que la investigación de la ASF en 2009 detectó que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 88 mil 358 millones de pesos al Issste, pero la Secretaría de Hacienda le autorizó ampliaciones y adecuaciones por 160 mil 323 millones de pesos, recursos que fueron ejercidos con opacidad.

Además, sostuvo, la ASF detectó que 12 delegaciones realizaron transferencias bancarias sin aclarar los motivos del exceso en esos movimientos y que Turissste otorgó contratos por mil 700 millones de pesos a empresas privadas para actividades relacionadas con el bicentenario de la Independencia, capacitar policías federales e incluso organizar actos públicos del presidente Calderón.

Turissste terminó ejerciendo un presupuesto 17 veces mayor al aprobado por la Cámara de Diputados entre 2006 y 2010. Se trata de 185 contratos por mil 862 millones de pesos y en el caso de las conmemoraciones del bicentenario, hubo adjudicaciones directas que deben ser investigadas y sancionadas.

El diputado Jorge Kahwagi (Panal) presentó una propuesta similar a la Permanente para que se investigue la gestión de Yunes en el Issste, pero no entró a debate, sólo se aprobó la del PRI.’