El interrogatorio que un fiscal y un agente del Ministerio Público Federal hicieron al ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, detenido por militares hace dos días por presunto acopio de armas en su domicilio particular, se realizó toda la mañana y hasta la noche de ayer en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), revelaron fuentes oficiales.

El empresario de filiación priísta se negó a declarar y sólo dijo ante las autoridades de la PGR que no tiene la menor duda de que sus abogados demostrarán su inocencia.

En el transcurso del día sus defensores presentaron un escrito a los fiscales del caso en el que expusieron supuestas violaciones a las garantías constitucionales del detenido, fundamentalmente por el hecho de que la captura se realizó sin la presencia de autoridades civiles y que el hallazgo de las armas se dio sin la orden judicial de cateo correspondiente, lo que desde la perspectiva de los abogados constituyó un allanamiento de morada.

Hank Rhon fue llevado a las instalaciones de la SIEDO por elementos del Ejército Mexicano. Ahí llegó a bordo de un camión color blanco, procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, minutos después de la una de la mañana. El ex alcalde de Tijuana fue puesto a disposición de la autoridad ministerial junto con otras 10 personas.

Según las fuentes jurídicas consultadas, durante el pasado sábado, mientras Hank permaneció retenido en las instalaciones delegacionales de la PGR en Tijuana, el también empresario consiguió una suspensión provisional en vías de amparo emitida por un juez de distrito que impedía su traslado al Distrito Federal, pero las autoridades militares y civiles no respetaron el ordenamiento judicial.

Otra supuesta violación a las garantías constitucionales del indiciado fue que todo el tiempo que permaneció detenido en Tijuana no se le permitió hacerse acompañar de un abogado.

Óscar Téllez Ulloa, abogado de las empresas del priísta, pudo ver a su jefe este domingo en las instalaciones de la SIEDO.

Como parte de la estrategia de defensa, los abogados buscarán demostrar ante el Ministerio Público Federal, en las siguientes 48 horas (plazo que puede ampliarse hasta 96), que aunque fuera cierto el supuesto de que había armas en la casa del político, debe ordenarse su libertad inmediata por la presunta violación a los artículos 16 y 20 de la Constitución en perjuicio del detenido.

Según esta versión, los militares que lo detuvieron y hallaron las armas realizaron un cateo apoyándose en la supuesta flagrancia del delito.

Sin embargo, los abogados del inculpado argumentan que el arresto ocurrió fuera del domicilio, y que con posterioridad a la captura de Hank y personal de su seguridad entraron a la casa sin orden judicial, incurriendo con ello en un supuesto allanamiento de morada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios en el sentido de que no opera la flagrancia como argumento para introducirse a un domicilio, cuando la captura de un delincuente ocurre en la vía pública.

Sin embargo, fuentes de la PGR aseguran que el arresto de Jorge Hank Rhon sí ocurrió conforme lo ordenan la Constitución y las normas penales mexicanas, y destacaron que en las siguientes 48 horas (plazo que puede ampliarse hasta 96) se resolverá la situación jurídica del priísta, contra quien podría solicitarse un arraigo judicial para que puedan continuar las investigaciones en su contra.

Hank Rhon y 10 personas fueron detenidas la madrugada del sábado tras una denuncia ciudadana por la que elementos del Ejército Mexicano ingresaron a uno de los domicilios del empresario y encontraron 88 armas, 43 de alto calibre, así como nueve mil cartuchos.